La Oficina de Derechos Humanos ha revelado este jueves que recibe más cada vez más denuncias sobre intimidación y represalias contra víctimas, miembros de la sociedad civil y activistas que han colaborado, colaboran o intentan colaborar con las Naciones Unidas.
El informe anual del Secretario General, que ha documentado presuntos abusos en cerca de 50 países, destaca una creciente implicación de los Estados en tales represalias, lo que refleja un aumento en los casos a nivel mundial.
Los casos van desde activistas detenidos y sentenciados a prisión hasta actos de intimidación, como filmar a los participantes en reuniones sin su consentimiento, incluso en los locales de las Naciones Unidas, entre otros ejemplos, precisa la ONU.
El informe incluye algunos casos particularmente graves de malos tratos y tortura de mujeres detenidas. Además, el hostigamiento no se reduce a los activistas, sino también a sus familiares.
“Algunos Gobiernos parecen estar dispuestos a hacer todo lo posible para castigar a las personas que cooperan con nosotros. En realidad, esto puede subrayar la razón de ser de las causas de las víctimas", según el subsecretario general de derechos humanos de la ONU, Andrew Gilmour.
El pretexto de la seguridad nacionalAdemás, Gilmour señala la preocupación del Secretario General por "la utilización por parte de los Estados de argumentos como la seguridad nacional y estrategias antiterroristas como justificación para obstaculizar el acceso a las Naciones Unidas”.
El informe incluye denuncias de individuos u organizaciones "acusados de terrorismo, cooperación con entidades extranjeras, o de dañar la reputación o la seguridad del Estado".
Gilmour señaló que el informe solo refleja parcialmente la situación, ya que “la autocensura es un problema importante”. Algunas personas no se relacionan con la ONU "por miedo a su seguridad o en situaciones en los que el trabajo en materia de derechos humanos está penalizado o menospreciado públicamente".
Acoso cibernéticoUna tendencia detectada a través de las denuncias es la utilización de internet para la incitación al odio y el acoso cibernético.
Las campañas de difamación van dirigidas contra mujeres y lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales.
Entre los países citados en el informe figuran Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela en la región de América Latina.
Las consecuencias para la sociedad civil son graves, dice el informe, el décimo desde que se empezaron a reportar estas represalias.
“Después de una década de destacar regularmente el problema, esperábamos que los números bajaran, no subieran”, dijo Gilmour.
Añadió que, si bien la ONU continuará fortaleciendo su respuesta en todo el sistema, incluso a través de mejores informes sobre las denuncias y mejores respuestas políticas, la responsabilidad recae en los Estados miembros, dijo Gilmour.
"Los Estados miembros deben ser responsables de sus propias acciones y prácticas, y proporcionar soluciones cuando se produzcan represalias".
