Una cuarta parte de la comida preparada y de los alimentos almacenados en los mercados, restaurantes, hoteles y cantinas militares, laborales y escolares de Israel acaba en la basura. Mientras, un 20% de los cerca de nueve millones de habitantes del país se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El déficit nutricional golpea en particular a 840.000 niños. La elevada natalidad en la comunidad árabe israelí (20% de la población) y entre los judíos ultraortodoxos (12%) –precisamente las capas de la sociedad con menor nivel de ingresos–, sitúa a Israel a la cola entre los 36 Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el 19% de sus ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza.
Al menos la mitad de los alimentos despilfarrados se pueden recuperar para el consumo humano.
Para remediar esta contradicción en un país altamente desarrollado (con un PIB per cápita anual en 2018 de 35.200 euros, frente a los 25.900 de España) el Banco de Alimentos de Israel –de la mano de diputados de varios partidos de la Kneset (Parlamento)– impulsó el año pasado un reforma legal para eliminar trabas que frenan la donación de alimentos destinados a terminar en los vertederos. La cultura jurídica israelí, inspirada en la extrema litigiosidad estadounidense, obliga a los responsables de los establecimientos dispuestos a entregar a una ONG comida desechada a requerir antes un informe legal. El dictamen suele desaconsejar la donación.
Antes que afrontar demandas millonarias por responsabilidad civil, e incluso un proceso penal, si los alimentos llegan en mal estado a sus destinatarios, muchos propietarios de supermercados o restaurantes prefieren arrojar sus excedentes al cubo de la basura. La Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Kneset aprobó inicialmente una reforma para eximir de responsabilidad a quien “done de buena fe alimentos a una organización sin ánimo de lucro para que los distribuya”. La norma será también de aplicación a las ONG que cumplan las normas de transporte, almacenamiento y manipulación de la comida, y cuyo personal cuente con un seguro de responsabilidad civil.
La disolución del Parlamento a finales de 2018 y las dos convocatorias electorales encadenadas este años ante el bloqueo político en el Estado hebreo, que ha impedido por ahora la formación de Gobierno, han dejado en suspenso la aprobación de la nueva legislación en el pleno de la Cámara. El Banco de Alimentos de Israel estima que con una quinta parte de las 2,4 millones de toneladas de comida (evaluadas en unos 5.000 millones de euros) que se desperdician cada año en el país se podrían cubrir las necesidades nutricionales generadas por la inseguridad alimentaria.
