El pasado 20 de noviembre, el intendente municipal de Añatuya, Héctor Ibáñez, había firmado junto a su hermano, secretario de Gobierno en ese momento, un decreto que derogaba los ascensos de personal, realizado durante el pasado año y también pasaba a aproximadamente 300 personas de planta permanente a situación de contratadas.
La reacción de los empleados fue de malestar y rápidamente comenzaron, a través de sus representantes gremiales, a reunirse para buscar una solución a una medida que consideraban “injusta y arbitraria y que vulnera los derechos de los trabajadores municipales”, según expresó el representante gremial Marcelo Pereyra en su momento en diálogo con Nuevo Diario.
El pasado miércoles, representantes provinciales del gremio de UPCN, haciéndose eco de los reclamos de los trabajadores y luego de distintas reuniones en donde los empleados expusieron su problemática, y tras una frustrada primera reunión, se entrevistaron con el intendente municipal, quien presionado por esta situación dio marcha atrás, emitiendo el jueves 3 un nuevo decreto que a su vez derogaba su propio decreto anterior.
En una reunión con los empleados, realizada al día siguiente, los delegados locales de UPCN informaron los pasos a seguir en cuanto a la degradación de categoría sufrida por más de 115 empleados municipales.
