La doctora Verónica Crespín, presidenta del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Añatuya, junto a los vocales Fabián Florez y César Estambuli brindó una conferencia de prensa, con el fin de clarificar hechos que se han venido sucediendo con respecto a despidos y otras decisiones que han tenido directa injerencia con la gestión del intendente Héctor Ibáñez. En el comunicado leido ante la prensa, relata que los hechos vienen aconteciendo desde hace al menos 45 días, en el que se destacan “las cesantías promovidas en un escenario viciado de nulidad, ya que las facultades del jefe comunal no lo habilitan para eso, razón por la cual estaría incurriendo en un delito”.
La presidenta del organismo se encargó de clarificar en el marco de los hechos, al explicar en diferentes puntos las funciones que se encuentra habilitada para cumplir, respecto de este tema, desde el cargo que desempeña. “El Tribunal de Cuentas es un organismo administrativamente autárquico. Tiene las facultades de nombramiento y remoción de los empleados que cumplen sus funciones en él.
El intendente, mediante un decreto, dejó cesante a la secretaria general del Tribunal, basándose en el artículo 60 de la Carta Orgánica municipal y el artículo 8 del Estatuto del Empleado Público municipal y esto se repitió con varios empleados”. En el mismo sentido destacó: “En el supuesto caso de que el Tribunal cumpliese decretos del intendente, viciados de nulidad por ser dictados sin las facultades para ello, estaría incursos en delito penal contemplado en el artículo 248. Configurando el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si el intendente pudiese disponer del personal del Tribunal, entonces ¿a quién respondería el personal? ¿Al controlado o al controlante? Esto no es una cuestión antojadiza. Es algo que así indica la Ley”. En otro pasaje de la conferencia, la titular del organismo manifestó: “Si yo acepto que se despida al empleado que el intendente está solicitando, entonces estaría incumpliendo mis funciones. Dejo en claro que el intendente es la autoridad en el Municipio y aquí, en el Tribunal, la autoridad soy yo. Porque así lo indica la ley”.Para finalizar, detalló: “La secretaria general fue removida aduciendo artículo de la Carta Orgánica que indica que si ha sido concejal no puede ejercer esta función en el Tribunal, cosa que no es cierta. Es decir que el intendente y el presidente del Concejo Deliberante actuaron con total desconocimiento de la ley, eso es grave”.
