Se sabe que la inflación es el mayor impuesto que afecta a las familias con menores ingresos y que dependen de ingresos fijos como el salario, jubilación o pensión, o la asistencia de un plan social, porque en el mejor de los casos se ajustan con un rezago de 6 meses, ahora cada tres.
Una vez más, esa característica quedó claramente reflejada el mes último, cuando frente a una suba del promedio general de precios al consumidor de 6,5% la canasta básica alimentaria que determina el umbral de indigencia se encareció 8,5% y la canasta básica total, que incluye el componente de los servicios esenciales, aumentó 8,1 por ciento.
Semejantes incrementos, en un escenario de creciente recesión y deterioro acelerado del poder de compra de las remuneraciones, alimenta las expectativas de un punto de quiebre en las mediciones de los indicadores de pobreza e indigencia al cierre del corriente semestre.
El relevamiento del Indec sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares urbanos determinó que en septiembre una familia tipo necesitó reunir ingresos por $9.059,51 para no ser calificado de indigente y $22.558,17 para no caer debajo del umbral de pobreza, indica el portal de información Infobae.
