La mayoría de las estaciones de servicio de la ciudad Capital y algunas del interior de la provincia, entre ellas las del Automóvil Club Argentino (ACA) y Shell, están siendo investigadas por una millonaria estafa en perjuicio del Estado provincial con presuntos sobreprecios de los combustibles que eran comprados para la movilización del personal de distintos organismos gubernamentales.
Las irregularidades fueron detectadas durante una auditoría del Ministerio de Economía de la Provincia. En este sentido, se detectó sobreprecios por $ 7,8 millones en un solo pago, aunque se abonaban hasta tres por mes a las expendedoras de combustible. Toda la documentación fue presentada en la Oficina Anticorrupción (OA), cuyo personal comprobó los sobreprecios que pagaba el Estado y se realizó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. El fiscal general, Dr. Luis de la Rúa, indicó que la investigación quedó en manos de la fiscal Érika Leguizamón y su equipo de colaboradores, quienes ayer tomaron contacto con la documentación.
En 1991 se creó el Fondo Único de Combustibles que quedó bajo la órbita de Contaduría General de la Provincia. Tanto el titular de ese organismo estatal y sus auditores, como el Tribunal de Cuentas, debían controlar los pagos de combustibles, una tarea que falló, de acuerdo con la investigación del Ministerio de Economía.
Tras detectarse las irregularidades, fueron desplazados de sus cargos, el contador general de la Provincia, Aldo Basbús; el titular de Contaduría de la Provincia, Carlos Morales, y uno de los auditores, Daniel Peralta.
Pedro Llorvandi, de la Cámara de Expendedores de Combustibles adujo estar “en reunión” y no se expidió ayer sobre el tema.
