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La Provincia DESDE LAS 22 DE ANOCHE

UTA agravó la medida de fuerza y declaró un paro por 24 horas

Con miles de vecinos de ???rehenes???, el conflicto entre los empresarios y los choferes de colectivos recrudeció.

Tras una asamblea, el Sindicato Unión Tranviarios Automotor decidió declarar paro por 24 horas desde las 22 de ayer y hasta las 22 de hoy en razón de que el empresariado “no abonó el 5,7% exigido en septiembre, la situación de los empleados de la empresa Juan Bautista Alberdi y la de los de la empresa ERSA (ver abajo).

 

Ayer se cumplieron ocho días de medidas de fuerza consistentes en la paralización del servicio desde las 22 hasta las 6 de la mañana y hoy no habrá servicio hasta las 22.

Más allá de la legalidad o legitimidad del reclamo, lo real es que UTA toma desde hace ocho días a más de 100.000 vecinos diarios de “rehenes” para dirimir sus conflictos salariales con las empresas que cuentan con permisos precarios de concesión de las cuales, ERSA debería cumplir con el servicio en el 80 por ciento de los corredores.

 

En el transcurso de la semana pasada los empresarios fueron notificados por el Departamento Ejecutivo Municipal sobre la inmediata restitución del servicio público. Sólo una empresa respondió al requerimiento oficial: El Decano SRL.

 

Entre choferes que reclaman salarios y empresas que no abonan como UTA exige, están los usuarios, que nada tienen que ver con el conflicto y que resultan perjudicados no sólo en sus economías sino además hasta poniendo en riesgo su integridad física ya que entre las 22 hasta las 0.45 y desde las 5 hasta el amanecer impera la oscuridad en las calles y miles de vecinos deben ir a sus trabajos o retornar de ellos a pie hasta sus domicilios. Efectos colaterales inadmisibles que poco parece importarles a los dirigentes gremiales que podrían haber procurado otros medios de protesta que no impacten en “terceros inocentes” ni signifiquen una virtual “toma de rehenes”. La Municipalidad de la Capital giraría al Tribunal de Faltas la documentación pertinente para que este organismo decida la cuantía de las multas a aplicar al empresariado.

 

Y gran parte de la sociedad, esa franja que no tiene vehículo ni dinero para pagar un remís exige otro tipo de medidas sindicales que no afecte a quienes nada tienen que ver en el conflicto.

 

Gravísimo: ERSA habría reemplazado unidades nuevas por “chatarra”

 

La empresa ERSA habría tomado la drástica determinación de traer a Santiago unidades de modelos viejos (2007/2008) para reemplazarlas por las nuevas que comprometieron a principio de año, cuando exigieron el aumento del precio del boleto a la Municipalidad.

 

Es más, trascendió que ya estarían circulando menos colectivos en los corredores asignados y estaría cumplimentando el “servicio” con los modelos anteriores. También habrían sido retiradas del mercado las cinco unidades con rampa para discapacitados, lo que impediría movilizarse en transporte público de pasajeros a un importante número de vecinos.

 

Usuarios indignados por la ya extensa medida de fuerza de los colectiveros denunciaron ayer que dos internos dejaron varados pasajeros en la vía pública: se trata de los rodados que habrían llegado desde otras provincias el pasado domingo a los playones de la empresa para remplazar a los nuevos.

 

El potencial destino de las unidades que hasta ayer circulaban en la ciudad Capital —en una maniobra que, de confirmarse, burlaría los acuerdos firmados con el Concejo Deliberante y la Municipalidad de la Capital—, sería la provincia de Córdoba.

 

Millonariamente subsidiada, ERSA es reiteradamente foco de polémicas por el permanente destrato a los santiagueños, a quienes trata como “ciudadanos de segunda” en su actividad comercial que debería ser un servicio público.

 

Colectivos que se incendian, pierden ruedas en movimiento o simplemente se paran en la vía pública por falta de mantenimiento son realidades que patentizan el desastroso derrotero de esta empresa foránea en la ciudad Capital, siempre en perjuicio de más de 80 mil vecinos de los corredores que le fueron concesionados precariamente durante la gestión del exintendente Julio Fernando Alegre. La cuantía de las multas que afronta mes a mes es millonaria, tanto como las infracciones detectadas por los órganos de control.

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