No es novedad que Elisa Carrió es la socia incómoda de Mauricio Macri. No le hacen caso en todo pero tiene gran poder de veto.
Su apoyo le otorga también beneficios indudables al Gobierno. Carrió se ve a sí misma como “fiscal de la República” y en este “rol” pedirá formalmente esta semana el juicio político al ministro de Justicia, Germán Garavano. También a los tres jueces de Casación —el máximo tribunal penal del país— que absolvieron a Carlos Menem por “prescripción” en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
Carrió mueve una ola política gigante y colocó contra las cuerdas a Garavano, que llegó a poner su renuncia a disposición del Presidente. En la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, es muy difícil que el expediente prospere. Carrió ya había pedido el juicio político del ahora expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al que situó cabeza de una “mafia” judicial (Lorenzetti no la encabeza más pero sigue siendo ministro de la Corte, vale aclarar).
En la Comisión, que preside el diputado macrista Javier Pretto, se acumulan unos 60 pedidos de juicio político. Lorenzetti está al tope, y allí figuran Macri (Panamá Papers) y la ministra Patricia Bullrich, entre otros. Luis “Toto” Caputo tenía varios pedidos pero al dejar el Gabinete —y el Banco Central— devinieron abstractos.
La Comisión no se reunió en todo 2017 ni en este año, salvo para constituirse y elegir sus autoridades.
Es altamente improbable que lo haga: “Una cosa es si el juicio político se desprende de un delito flagrante o la convicción de errores groseros en la administración, y otra si son cuestiones opinables sobre lo actuado por el funcionario”, indicó una fuente calificada de la Comisión.
¿Qué creen Carrió y la Coalición Cívica? Que Garavano es parte de la “corporación político-judicial” y que el ministro cuando habló de que no era “bueno para un país que un expresidente esté detenido o se pida su detención” estaba dando un guiño favorable al fallo de Casación que benefició a Menem.
“No volvamos al pasado señor presidente”, le escribió Carrió en carta pública a Macri, en referencia a los supuestos pactos de impunidad. A Carrió le inquieta también el precedente respecto de Cristina Kirchner, que afronta múltiples procesos y pedidos de desafuero.
El diputado Juan Manuel López, mano derecha de Carrió, sostiene que si los jueces de Casación hubieran ratificado la condena sobre Menem a 7 años de cárcel, el Senado hubiera tenido que dejar de lado la “doctrina” que protege al riojano (esperar a “condena firme”), para desaforarlo y que vaya preso.
El fallo fue así producto de un pacto de la política y la Justicia para clausurar una situación incómoda, sostienen los cívicos. La Justicia se tomó 23 años en la causa de armas, iniciada en 1995. La prescripción no correría porque Menem era funcionario.
Daniel Santoro, el periodista que reveló el contrabando ilegal de armas a Croacia y Ecuador en los 90 advirtió de las serias contradicciones del fallo, que fue suscripto también por el juez Carlos Mahiques, designado en Casación de manera irregular por el gobierno macrista.
