La causa por el fallecimiento de Débora Pérez Volpin fue elevada a juicio oral. Se juzgará por "homicidio culposo" a los dos médicos que participaron en la endoscopía realizada en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, el 6 de febrero, cuando la periodista y legisladora perdió su vida.
Una notificación firmada por el juez de primera instancia Carlos Manuel Bruniard, a la que tuvo acceso Clarín, detalla la elevación a juicio "por el delito de homicidio culposo" a la anestesista Nélida Inés Puente y al endoscopista Diego Ariel Bialolenkier.
En el escrito, Bruniard resolvió "no hacer lugar al sobreseimiento" pretendido por las defensas, tanto de la anestesista como del endoscopista.
Los médicos fueron procesados luego de la autopsia a Pérez Volpin y en base al testimonio de varios profesionales que participaron o fueron testigos de la endoscopía que le realizaban a la periodista.
"El juez dio por clausurada la instrucción y dispuso la elevación a juicio de la causa", explicó a Clarín el abogado Diego Pirota, que representa a la familia de Pérez Volpin. Agregó que esta decisión "es inapelable" y que los siguiente pasos serán burocráticos. "El tribunal recibe el expediente y corre vistas para ofrecer prueba para el juicio, e inmediatamente le pone fecha de inicio", explicó.
En junio, los abogados querellantes presentaron un escrito en los tribunales donde solicitaron al juez que dicte los procesamientos. Consideraron que "no caben dudas" de que Bialolenkier y Puente cometieron el delito de homicidio culposo y que actuaron con total negligencia e impericia en su profesión, en su arte de curar.
Según el texto, la muerte de Pérez Volpin fue "inesperada y violenta", ya que "según consta en la historia clínica, la víctima ingresó y permaneció en el Sanatorio sin ningún otro padecimiento, ni patologías preexistentes".
La periodista falleció mientras Bialolenkier y Puente le realizaban una videoendoscopía. "Él la perforó con el equipo endoscópico, ella no se dio cuenta que la paciente mostró enseguida signos de perforación, posiblemente porque estaba distraída, y sin lugar a dudas, porque no preparó todo el equipamiento completo para poder advertirlo a tiempo", señala el escrito presentado por la querella.
A principios de agosto, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento y el embargo sobre los bienes de ambos profesionales hasta cubrir la suma de $ 1,7 millón de pesos, en previsión a indemnizaciones y costos que podrían tener que afrontar.
