por Rosendo Fraga
El segundo semestre del año será escenario de fuertes tensiones y reclamos sociales. Es que en dicho período bajarán a la gente las consecuencias de la crisis que estalló en el segundo trimestre del año. La devaluación que tuvo lugar desde mediados de abril y continuó esta semana está superando el 30 por ciento.
Las dos expresiones más relevantes en el plano social son los sindicatos, que representan —perfecta o imperfectamente— a casi ocho millones de trabajadores formales o en blanco, y los movimientos sociales que buscan representar a 4 millones y medio de trabajadores informales.
Comenzando por los primeros, su conflicto central está generado por el aumento de la tasa de inflación y su impacto sobre los salarios. En el ámbito empresario se estima que la inflación anual puede superar 30%, pese a la recesión del segundo semestre, frente al 15% de aumento con base en el cual se cerraron la mayoría de los convenios en los primeros meses del año.
Es posible que en el segundo semestre se sume el problema del desempleo que va a generar la recesión.
La CGT ha presentado al Gobierno un petitorio de cinco puntos: reabrir las paritarias, que el medio aguinaldo no pague el impuesto a las ganancias —el senador Miguel Ángel Pichetto ha presentado un proyecto para ello—, que se normalice el flujo de fondos hacia las obras sociales sindicales, que se mantenga la ley de contrato de trabajo sin modificar el régimen de despidos y un compromiso de no despedir trabajadores formales durante seis meses.
Cuando, a mediados de la semana que termina, el Gobierno parecía dispuesto a aceptar la normalización del flujo financiero hacia las obras sociales y a no modificar la ley de contrato de trabajo, manteniendo el actual régimen de despido, el compromiso de impedir despidos durante seis meses tuvo carácter inaceptable para el Gobierno y la negociación se interrumpió.
Ello potenció el paro que el 14 de junio realizaron camioneros, canillitas, las dos CTA, los docentes de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y estatales, judiciales y médicos bonaerenses. Al mismo tiempo, la CGT convocó a un paro general para el 25 de este mes, que sería el primero durante un mundial de fútbol y Camioneros anunció que lo acompañaría con uno de 72 horas.
Pero en ambas circunstancias, el sindicalismo se guardó límites de negociación. Los camioneros evitaron el “paro a la brasileña” (con cortes de ruta) que había anunciado Pablo Moyano a fines de mayo; optaron por una medida de fuerza convencional. La CGT, por su lado, convocó al paro, pero sin movilización.
En cuanto a los movimientos sociales, los trabajadores informales ya sufren el ajuste. En este ámbito, no hay despido ni la protección que establece la ley de contrato de trabajo. Cuando la economía se contrae como ha comenzado a suceder, el “no vengas más”, “vení la mitad del tiempo”, “te puedo pagar la mitad” implican un cese inmediato de la relación laboral o una drástica reducción del salario que se paga en negro.
A ello se suma el efecto de la inflación sobre los alimentos básicos, que son lo único que consumen los sectores vulnerables. La carne ya ha dejado de ser parte de alimentación de los sectores de menores ingresos. Que la inflación de mayo sea 2,1% y los precios mayoristas hayan aumentado 7,5% hoy no es decisivo en materia social. Pero sí lo es que la harina, el pan, los fideos, el arroz y la yerba, en promedio, hayan aumentado 20%, ya que es a lo que se destina el ingreso de los sectores más vulnerables.
