Los cuatro exempleados de la Anses —procesados y detenidos por la millonaria defraudación con pensiones derivadas “truchas”— afirmaron en las indagatorias que no tuvieron acceso a la documentación y solo se limitaron a ver, incorporar y analizar datos en las computadoras. Por esta razón —según ellos— no pudieron advertir irregularidades. En este sentido, la investigación interna de la UDAI local y de la Justicia Federal estableció que “en las actas de defunción compulsadas, los denunciantes de los fallecimientos ante el Registro Civil, referenciaban el estado civil de los causantes como solteros y en ninguno de los casos analizados la denuncia de fallecimiento fue realizada por los supuestos cónyuges”.
También se estableció que “los domicilios declarados en las actas de defunción no corresponden con los domicilios registrados en el ADP (Sistema de Administración de Personas) ni en los declarados en las actas de matrimonio. En la mayoría de los casos se observa modificación de domicilio en ADP con posterioridad al fallecimiento del causante; entre las pruebas documentales para acreditar convivencias/domicilio se han detectado dos casos en los cuales se presentaron facturas comerciales el mismo número y mismo monto en pesos, pero con una diferencia de 6 años; y la firma del representante del Registro Civil difiere entre las distintas partidas de matrimonio”.
Los investigadores advirtieron un “incumplimiento en el proceso de supervisión operativa” de cada uno de los expedientes y se observó la “participación de un mismo agente en la instancia de cómputo y supervisión”.
Dos de los sospechosos
Graciela Saad, de acuerdo con los registros informativos, consultó en los sistemas de Anses, con anterioridad a la fecha del fallecimiento de los causantes, los beneficios de los supuestos y falsos cónyuges. El estudio consistió en sus relaciones de familia (estado civil, existencia de familiares con derecho a pensión) y monto de beneficio que percibía. Concretamente, realizó consultas con relación a los beneficios que luego fueron otorgados indebidamente a José Bracamonte, Norma Bracamonte, Paola Conte, Aldo Chávez, Ariel Díaz, Hugo Guzmán, Mirta Ibáñez, Rita Lescano, Celeste Lucatelli, Héctor Lucatelli, Elvia Montenegro, Emilio Paz, Carlos Ruiz, Luis Villar y Lorena Villar. A su vez, acreditó vínculos y actualizó domicilios de los causantes con posterioridad a sus fallecimientos, en los casos de los beneficios indebidos otorgados a Silvina Buitrago, Carlos Cano, Ángel Castagna, Daniel Castilla, Paola Conte, Aldo Chávez, Ariel Díaz, Luis Gómez, Hugo Guzmán, Mabel Herrero, Mirta Ibáñez, Rita Lescano, Celeste Lucatelli, Héctor Lucatelli, Elvia Montenegro, Emilio Paz, Rubén Radín, Federico Sánchez, Carlos Salvatierra, Lorena Villar y Luis Villar.
Luis Paz intervino simultáneamente en distintas etapas del trámite (inicio, cómputo, control, supervisión y otorgamiento) cuando ello estaba vedado, pues impedía que se ejercieran los controles internos respectivos y, a su vez, certificaba firmas presuntamente apócrifas de solicitantes de beneficios irregulares. Intervinieron en los trámites irregulares Cano, Carabajal, Conte, Chávez, Díaz, Guzmán, Herrero, Ibáñez, Lescano, Celeste y Héctor Lucatelli, Montenegro, Martínez, Mussi, Nattero, Ruiz, Radín, Saavedra, Salvatierra y Norma Villar. Saad y Paz fueron sindicados como líderes de la asociación ilícita.
Luis Cortés y el doctor Chazarreta
Luis Cortés, otro de los exempleados detenidos, de acuerdo con los registros informativos, intervino en distintos trámites de otorgamiento de beneficios de pensiones derivadas irregulares, ejerciendo simultáneamente distintas funciones (inicio, cómputo, liquidación, certificación de firmas presuntamente apócrifas). Concretamente, intervino en las pensiones de Cano, Castagna, Chávez, Guzmán, Martínez, Mussi, Sánchez y Luis Villar.
En tanto, el Dr. Marcos Chazarreta, quien trabajaba como asesor legal en la Anses, según la investigación, habría dictaminado expedientes administrativos que concluyeron con el otorgamiento de beneficios de pensión derivada irregular, sin haber efectuado el control de legalidad e incumpliendo las normativas del organismo que su función le exigía. Dictaminó en los beneficios otorgados a José Bracamonte, Díaz, Gómez, Lescano, Martínez, Mussi, Paz, Guzmán, Salvatierra, Buitrago, Carabajal, Nattero y Castilla.
Todos están acusados de conformar una asociación ilícita para defraudar al Estado y les embargaron bienes por diez millones de pesos.
