La indagatoria de Cecilio Ibáñez fue esclarecedora. Sumó importante información a los engranajes de la investigación por la millonaria defraudación a la Anses por las pensiones “truchas”. Si bien hasta ese momento había mucha documentación que incriminaba a los sospechosos, su declaración —que se conoció tras los procesamientos dictados por el juez federal, Dr. Guillermo Molinari— corroboraron las pruebas.
Ibáñez mantenía una estrecha relación con su excuñada, Graciela Saad, quien es hermana de la expareja del detenido y era empleada de Anses. “Le entregaba a Graciela Saad en su casa las fotocopias de los DNI (de los potenciales beneficiarios de las pensiones “truchas”) y ella las llevaba a Luis Paz, quien se encargaba de armar el trámite adentro, quien ya tenía las actas de defunción y armaba todo el trámite”, afirmó Ibáñez ante Molinari y el fiscal federal, Dr. Pedro Simón.
“Paz conseguía las actas de una señora que trabajaba en el Registro Civil (citó su nombre) que funciona en el hiper y anteriormente estaba en Santiago. Ella era subdirectora de matrimonios. Ella armaba las actas, según escuché de Graciela Saad. Luis Paz seleccionaba las personas fallecidas y él tenía las actas de defunción, supongo que Paz le entregaba las actas de defunción a la señora del Registro Civil para que haga las de matrimonio”, afirmó Ibáñez.
El procesado —con prisión preventiva— por los delitos de asociación ilícita, defraudación y utilización de documentos falsos adulterados, expuso que, en todos los casos, se quedaban con el retroactivo de las pensiones derivadas de fallecimientos y a algunos hasta les cobraban para que se iniciara el trámite irregular. Ibáñez sostuvo que se encargaba de cobrar junto al “beneficiario” en la entidad bancaria y se quedaba con el dinero. “Le daba toda la plata a Saad en su casa y ella a Paz para que se repartieran adentro. Graciela siempre me decía que el que más poder tenía era Paz, que él era el que más agarraba dinero, más que todos y que él hacía y deshacía todo adentro”, relató en la indagatoria. Asimismo, dijo que recibía 5 mil pesos y Saad le daba dinero cuando se lo pedía.
Llegaron a cobrar $ 200 mil por retroactivo
Cecilio Ibáñez no se calló nada y contó su verdad con el fin de alivianar su situación legal. Sostuvo que los retroactivos de las pensiones “truchas” siempre quedaban para la presunta organización delictiva. Él acompañaba a los “beneficiarios”, quienes le entregaban las abultadas sumas de dinero en la puerta del banco o en el auto en el que se movilizaba. “Graciela Saad me comentaba que Luis Paz retocaba los retroactivos cuando los sueldos no eran muy altos, ya que a veces eran montos de $ 60.000 por retroactivos; pero Paz los aumentaba y los llevaba a $ 150.000 o $ 200.000 que era lo máximo que llegamos a cobrar”, afirmó.
“Una vez en 2013, Graciela Saad me dijo que esperara en la esquina de la Anses a un cadete, quien me entregaría un sobre, lo que efectivamente sucedió. Después le llevé el sobre a la casa, aunque no sé qué contenía”, recordó.
Cecilio Ibáñez “reclutó” a un excombatiente
Un excombatiente de Malvinas también está entre las personas que Ibáñez había reclutado para la presunta asociación ilícita para que sea agraciado con una pensión “trucha”. El detenido reveló que el hombre, de apellido Paz, es su familiar, quien además ya cobraría una pensión como veterano de guerra. “Le entregué las fotocopias del DNI a Graciela Saad para que realizara el trámite”, afirmó.
“Los Lucatelli y Conte pagaron $ 150 mil”
Los hermanos Celeste y Héctor Lucatelli, y la pareja del último, Paola Conte, fueron los tres primeros detenidos de la causa. Ibáñez fue el mediador entre ellos y Graciela Saad, quien en 2013 era empleada de Anses.
El bandeño les propuso realizarles la pensión y los tres aceptaron. Si bien sabían que la condición era que el retroactivo quedaría para los empleados del organismo nacional, también les pidieron dinero para iniciar los trámites, por pedido de Saad porque el dinero “no alcanzaba para todos adentro”, reveló Ibáñez.
“Se les cobró 50 mil pesos a cada uno; no pagaron todo junto, sino de a poco, mientras iba haciéndose el trámite”, afirmó el intermediario que conoció a los Lucatelli a través de Luis Villar.
Declararán abogados y dos supervisores
La investigación no se detiene, a pesar de que ya fueron procesadas varias personas por la millonaria defraudación. Las autoridades judiciales tratan de sumar más pruebas y pretenden establecer si hay otros responsables en la maniobra delictiva. En este sentido, trascendió que brindarían declaración testimonial la coordinadora de la UDAI local, Gladys Suárez, y la supervisora, Mercedes Di Rissio, quienes “controlaban” a Graciela Saad, hoy detenida.
También se espera los testimonios de los asesores legales del organismo.
