Por conmemorarse ayer el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia llevó a cabo una mesa panel en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB). El encuentro contó con la participación de la Lic. Josefina Ignacio, miembro del Comité contra la Tortura de la Nación, quien se refirió a la legislación vigente sobre la temática.
Explicó que nuestra provincia trabaja en el proyecto de una ley similar a la 26.827, sancionada en 2012 a nivel nacional y que implica un mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. “Vengo de estar con los diputados y diputadas de Santiago y noté una voluntad política para que haya pronto una ley aprobada”, destacó.
Ignacio señaló que la principal problemática en materia de violencia institucional es la “sobrepoblación de personas privadas de la libertad, que va en aumento”. “Eso produce hacinamiento, el hacinamiento produce violencia y la violencia vulnera todos los derechos; más allá de otros derechos vulnerados que se ven en todos los penales, como ser al trabajo, a la educación, alimentación, salud. El tema del hacinamiento y de la superpoblación es muy complicado y si sigue avanzando puede generar mucha tensión y repercutir en el afuera”, advirtió.
Durante la disertación, se refirió al funcionamiento del comité al que pertenece, al protocolo facultativo para la prevención de la tortura y a la importancia de la creación del mecanismo en las provincias.
Gastaminza: “La locura siempre ha sido ligada a la cuestión criminal”
Otro de los ámbitos en los que se trabaja para la erradicación de la violencia institucional son los centros de salud mental. El Lic. Santiago Gallo Gastaminza, integrante de la Mesa de Trabajo de Salud y Derechos Humanos, hizo hincapié en la necesidad de “desmanicomializar” y abordar los problemas psiquiátricos desde distintos enfoques.
“La locura siempre ha sido ligada a la cuestión criminal. Se termina judicializando la locura; o la cuestión judicial termina ensuciando lo que tiene que ver con la salud mental. Cuando hablamos de lo judicial, de lo criminal y de la locura, siempre hay una cuestión violenta, de por sí, de estigmatizar, hacer a un lado, no comprender a la persona que tiene este padecer”, ponderó.
Si bien Argentina cuenta desde 2010 con una Ley de Salud Mental (26.657), Gastaminza consideró que “se ha avanzado” respecto de otras provincias, “pero poco”. “Cuando hablamos de ‘desmanicomialización’ no hablamos únicamente de un hospital psiquiátrico que externa pacientes, sino de algo mucho más profundo que tiene que ver con una perspectiva, con una mirada, una actitud que no es solamente del campo de la salud mental o exclusividad de los psiquiátricos, sino que hablamos de algo que involucra a la academia, a ciertas poblaciones y la sociedad”, remarcó.
Apelan a las actividades conjuntas
Desde el área de Promoción de Derechos de la Infancia de la Secretaría de DD.HH. abordaron “las situaciones dentro del proceso penal o el accionar de la policía al momento de intervenir en distintas acciones tendientes a la persecución de un delito” en el que están involucrados niños o adolescentes.
Juan Ibarra señaló que la capacitación en al ámbito es escasa, pero “ahora, con la articulación de otras instituciones, como es el Ministerio Público de Defensa, estamos trabajando conjuntamente en procura de mecanismos de prevención contra la tortura”.
Señaló que las situaciones de violencia institucional pueden ocurrir en distintos ámbitos “de encierro”, “no solamente en comisarías”, aunque es lo más frecuente. El maltrato puede darse en el ámbito de la salud y de la educación, entre otros.
