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La Provincia Columna semanal

Granero quizás, supermercado seguro que no...

Asistimos en estos días a datos estadísticos económicos que el Gobierno nacional festeja. Baja de la pobreza en el segundo semestre de 2017 (recordando que pasó ya un trimestre de fuertes aumentos de tarifas e inflación, esa cifra ya quedó muy desactualizada), y tibia recuperación de la actividad económica.

 

Sin embargo, un dato que no se publicó casi en ningún lado es la cantidad de empleo registrado industrial que se viene destruyendo. Según el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), las actividades manufactureras contabilizaron en enero de 2018, 14.400 trabajadores menos que en el mismo mes del año anterior, y 800 menos que el mes anterior (diciembre de 2017).

 

Con esas cifras, las actividades fabriles contabilizan la destrucción de casi 70.000 puestos desde que asumió Cambiemos. Lo que equivale a casi el 6% del total de la ocupación del sector.

Esto ocurre básicamente, por tres razones.

 

Una es la caída del consumo por parte de la población, que se traduce en menos demanda de todo tipo de productos, no solo alimentos y bebidas (que tienen también componentes industriales).

 

Esto afecta la ecuación de rentabilidad (porque venden menos productos) de las empresas que cierran sus puertas dejando empleados en la calle.

 

La segunda causa es que las empresas industriales vieron afectada su rentabilidad por los impuestazos que significaron la quita de subsidios por parte del ministro Aranguren (electricidad, gas, agua, combustibles).

 

Y la tercera, una de las más importantes, la invasión de productos importados, que el Gobierno niega sistemáticamente, pero que todos nosotros vemos por todos lados. Cerdo desde Dinamarca, cebolla desde la India, vino y frutas desde Chile, tomate envasado desde Italia, por nombrar solo algunos (sin mencionar la tracalada de productos chinos que inundan góndolas, jugueterías y hasta concesionarios de autos).

 

Decimos que es una de las más importantes, porque está marcando cuál es el modelo de estructura económica que el Gobierno tiene en mente: el modelo agroexportador. Es decir, que priorice la exportación de granos, carnes y minerales, sin mayor valor agregado (industrial), pero además, sin generación de empleo, sin cuidado del medio ambiente y, por lo tanto, sin efecto “derrame” a toda la sociedad. Este modelo implica la apertura de las fronteras para el “libre intercambio” de bienes con el resto del mundo.

 

Esta visión de inserción de Argentina en el mundo tiene un solo resultado: nosotros vendemos productos primarios y el mundo nos encaja la sobreproducción de todos los bienes que ningún otro país les quiere comprar. Con el agravante de que los que exportan son unos pocos latifundistas, las cerealeras y las mineras, que con sus ganancias, o las fugan fuera del país, o las giran a sus casas matrices o las invierten en bienes inmuebles, o en dólares que guardan bajo el colchón.

 

Por otro lado, ningún país del primer mundo se desarrolló desprotegiendo su industria, sino todo lo contrario.

Los países que lograron desarrollarse lo hicieron con políticas proteccionistas al inicio.

Y una vez que tuvieron un sector industrial consolidado, recién ahí seleccionaron con quiénes y cómo iban a comerciar. Nosotros parece estamos yendo en dirección contraria.

 

 

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