La declaración del Parlamento y de la Generalitat, presidida por Carles Puigdemont, de independizar a Cataluña de España, duró el viernes pasado apenas un cuarto de hora para que una multitud de separatistas alcanzaran a salir a las calles a exteriorizar su emoción y algarabía, sin una toma de conciencia cabal de la “decisión suicida” que acababan de tomar sus autoridades, posicionadas en un porfía secesionista de peligrosas y oscuras consecuencias, al tomar el camino “hacia el abismo”.
Ni bien la multitud comenzó a celebrar la tan esperada proclama independentista, soltando lágrimas y alzando los brazos blandiendo banderas catalanas, desde Madrid, el gobierno de Mariano Rajoy y el Congreso disponían la intervención a esa región sublevada, basándose en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que dispone esa medida extrema para tal caso.
Nada sorprendió tomando en cuenta cómo venían dándose las cosas desde el 1 de octubre, cuando se realizó el cuestionado referéndum propugnado por los separatistas, circunstancias en las que pese al cúmulo de normalidades registradas y al marco ilegal que lo rodeaba, el gobierno de Puigdemont se adjudicó el triunfo por el “sí” a la independencia.
De nada valió el panorama adverso que comenzó a presentárseles a los independentistas. Ni la postura inflexible y convocante del gobierno español para que se reviera lo hecho y se retornara a la normalidad institucional; ni la postura de los países de la Unión Europea, advirtiendo que “nadie aceptará la independencia
de Cataluña, por ser parte integral de España”; ni la fuga de centenares de empresas, bancos de primera
línea e inversiones de Barcelona; ni la drástica caída de ingresos de la que se jactaba la Generalitat, poniendo a la región como una de las más ricas; ni las opiniones de líderes mundiales, como la primera ministra británica, Theresa May, que no obstante al Brexit (hoy puesto en duda para salir de la UE), dijo que su gobierno “no reconoce una declaración de independencia de Cataluña, por ser inconsistente con la legalidad”.
Con duros términos al secesionismo catalán, también se expresaron la canciller alemana, Angela Merkel, y el gobierno de los Estados Unidos, entre otras naciones que repudian la proclama independentista de Cataluña. Para hoy se espera que una gran multitud de catalanes se manifiesten en contra de la independencia,
demostrando que la declaración de los secesionistas no representa a la mayoría del pueblo catalán, lo que
para los observadores representará un implícito respaldo a las medidas dictadas por el gobierno de Rajoy, enviando a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para que mañana asuma el mando de Cataluña, como interventora que tendrá a su cargo la difícil tarea de crear las condiciones necesarias para que se cumpla el anunciado llamado a elecciones en esa región el próximo 21 de diciembre.
Con la medida de intervención no todo está cerrado en el conflicto entre Madrid y Cataluña, o más bien entre España y Cataluña —teniendo en cuenta que la mayoría del pueblo español aboga por la integridad—.
Sin duda, sobrevendrán días aún impredecibles, debido a las heridas abiertas entre los propios catalanes —no exentos de enfrentamientos— , por el futuro personal de la dirigencia política implicada y por lo que quedara pendiente de tratar institucionalmente, teniendo en cuenta la complejidad de un país con regiones autónomas, con las que se debería robustecer la soberanía e integridad territorial de España.
