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Opinión

No son errores, es Cambiemos

El escándalo volvió a dejar al desnudo la inescrupulosidad de un pensamiento político que, desde que llegó al poder, no ha trepidado en excluir a los sectores más débiles de la sociedad con medidas extremas, incomprensibles e injustificables.

En todo el país más de 170 mil personas con distintos grados de discapacidad quedaron sin ninguna prestación del estado “de un plumazo” y sin previo aviso. Tal vez el argumento más absurdo e insolente fue el del ex presidente a Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, el funcionario que avanzó con el recorte de las pensiones por invalidez cuando manifestó que "una persona con síndrome de Down no debe recibir la pensión; puede trabajar".

 

Las asociaciones que nuclean a personas con discapacidad y sus familiares no dudaron en acudir a diferentes estrados judiciales. Un caso paradigmático fue el de “Nacho” Almada Flaja, quien recurrió a la justicia Federal y logró que se ordene al Ministerio de Desarrollo Social la inmediata restitución de la pensión que le había sido quitada.

 

A pesar de las demandas públicas el delegado del organismo en Santiago, Federico Larsen, hizo caso omiso a la orden judicial. El premio: una candidatura a diputado provincial por Cambiemos para el próximo 22 de octubre.

 

Fue en el mes de junio cuando la ministra Stanley manifestó públicamente que se había tratado de un error administrativo el quite de pensiones y que serían restituidas y dispuestos los pagos a sus beneficiarios en el plazo de una semana.

 

Nada de eso sucedió.

 

Muy por el contrario, el gobierno de la Nación avanzó en la quita de otros beneficios como, por ejemplo, el plan Progresar destinado a financiar a jóvenes estudiantes.

 

La semana pasada la jueza federal de la Seguridad Social Adriana Cammarata dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social accione de "forma inmediata" para restituir el beneficio a personas que, en muchos casos, tienen un gasto de más de 40 mil pesos mensuales en tratamientos. La resolución judicial tenía vigencia en todo el país.

 

En otro acto de insensibilidad que patentiza y deja al descubierto que es un plan sistemático y no una concatenación de errores, el gobierno de Macri apeló el fallo con efecto suspensivo y logró frenar la medida: Una vez más, 170 mil discapacitados quedan al borde de perder toda esperanza.

 

Y no queda allí el entramado de desaguisados.

 

El abogado y militante de Cambiemos Juan Roberto Parra conduce en Santiago la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Con sede en la Terminal de Ómnibus, es la oficina encargada de entregar los pases para que las personas con discapacidad puedan acceder a pasajes gratuitos, tal como lo establece la Ley.

 

Prácticamente desconocido en esferas del organismo, ya que se ha denunciado que desarrollaría gran parte de sus actividades en la ciudad de Fernández, dispuso —en otro gesto de insensibilidad que roza el absurdo— que los trámites se deben realizar por Internet y no en forma presencial.

 

¿Habrá imaginado qué capacidad de manejo de Internet tiene un abuelo de 90 años? ¿O un joven con parálisis cerebral? ¿O la gente de recursos humildes del interior de la provincia que apenas pueden vivir el día a día? La medida  fue denunciada como discriminatoria. Y lo es.

 

El testimonio de esta señora, que circula en Internet y fue publicado por el portal La Gazeta Política, es contundente:

 

 

 

Las comparaciones son odiosas. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien sufre una discapacidad, declaró en 2015 $628.519,43 de gastos personales anuales. Lo que significa una promedio de 52.376 pesos por mes o, lo que es igual, el equivalente a 11,7 pensiones por invalidez mensuales. La misma declaración jurada reveló un incremento patrimonial del 708% en relación al año anterior

 

Por su parte, el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, quien también sufre una discapacidad motriz, manifestó haber realizado gastos personales por $1.029.685,08 pesos durante 2015, lo que equivale a un promedio de 85.807 pesos mensuales. Esto significa el importe de 19 pensiones no contributivas por invalidez por mes. Quien por entonces era diputado nacional informó ingresos por $850 mil por su sueldo en el Congreso. Es decir: gastó más de lo que ingresó en ese año.

 

Ni Michetti ni Triaca alzaron la voz cuando se produjo el brutal quite de pensiones. Dato significativo, si se tiene en cuenta que sufren la situación de ver disminuidas sus capacidades motrices en carne propia.

 

Como corolario a estas líneas, que pretenden ser más que una denuncia una reflexión sobre un sistema político al que aparentemente sólo le interesan los pobres y discapacitados para publicitarse en Facebook mediante los famosos timbreos, sería un acto de hipocresía inexcusable dejar de consignar que el presidente de la Nación ordenó a la AFIP que le condonde una deuda al ministro de Energía Juan José Aranguren. El organismo recaudador había intimado al pago de más de 200 mil pesos al funcionario por deudor moroso en el abono del impuesto a los bienes personales y la maniobra fue denunciada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade.

 

Aranguren es el tercer funcionario con más dinero en el gobierno de la Nación, detrás de Gustavo Arribas y Luis Caputo.

 

La lógica es simple: De ricos, para ricos.

 

No son errores. No hay que caer en la lógica propagandística de Jaime Durán Barba.

 

Es Cambiemos. Es el PRO. Tan simple como eso.

 

 

 

Nota de la Redacción: Mensaje enviado a través del Whatsapp de las noticias, evidentemente por un militante de Cambiemos o allegado al Dr. Parra que dice en tono respetuoso y democrático "Dígale al payaso de Xavier Ferrera que Juan Roberto Parra no dispuso que los trámites se deban realizar por Internet. Lo dispuso CNRT"

 

La misiva, respetuosa si las hay, proviene del número 03855053415.

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