El Tribunal Electoral resuelve hoy la situación de Cambiemos
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Dará a conocer hoy la resolución ante planteos contra Cambiemos

El Tribunal Electoral resuelve hoy la situación de Cambiemos

Las impugnaciones efectuadas por Cruzada Santiagueña y Frente Renovador 1 País atacan tres vértices de insoslayable impacto institucional.
13/09/2017

Los doctores Sebastián Diego Argibay (presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral Provincial); Raúl Abate (fiscal de Estado) y el diputado por la minoría de Libres del Sur que integra el Frente 1País, Fernando Jiménez (que aunque sea candidato nadie impugnó su participación como integrante del Tribunal), darán a conocer hoy la resolución adoptada por el mencionado órgano jurisdiccional de los comicios provinciales del próximo 22 de octubre, con eje en tres impugnaciones realizadas contra el Frente Cambiemos que procuran, medularmente, la protección del orden público y la seguridad jurídica en Santiago del Estero.

En efecto, los apoderados de Cruzada Santiagueña y del Frente Renovador 1País incoaron ante el Tribunal tres cuestiones insoslayables:

En primer lugar, que el plazo de presentación de la lista de candidatos venció el pasado viernes 9 del corriente mes y que las primeras dos horas hábiles del plazo de gracia del siguiente día hábil (lunes 11) fenecieron a las 9 y no a las 9.30 como pretenden alegar los apoderados del Frente cuestionado.

En segundo, que las postulaciones de Cambiemos no respetan el Artículo 46° del Código Electoral provincial que estipula que “deberán contener ciudadanos del interior de la provincia en un mínimo del cincuenta por ciento (50%) respecto de los cargos a elegir y también en postulaciones expectables”.

En tercer y último lugar: No aportaron la aceptación por escrito de 16 candidatos titulares y 9 suplentes. Rodrigo Posse —el mariscal de este desquicio partidario que atenta contra la institucionalidad, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley— adujo como único acto de defensa que contaban con esa documentación, pero que les fue hurtada. Y solicitó a los doctores Argibay, Abate y el diputado Jiménez un plazo de 24 horas más para efectuar la correcta presentación de candidatos.

El gran dilema

Hay tres cuestiones de orden público en juego. De absoluto interés social e institucional en una provincia en la que desde hace una década los santiagueños hemos trabajado arduamente junto con los sucesivos gobiernos para fortalecer los pilares de la democracia y la Justicia, hoy frente a la afrenta de un sector político que pretende transformar una preclusión pro parte en una preclusión pro iudicato. Es decir, subvertir los intereses de toda una sociedad a los intereses de un sector político mediante la velada imposición de plazos al Tribunal Electoral que les permita participar de una elección aún conscientes de que están imposibilitados de hacerlo.

Hoy el gran dilema recae en cuál será la decisión de los miembros del Tribunal Electoral Provincial.

La estricta lógica jurídica es declarar la extemporaneidad de la presentación de la lista de candidatos del Frente Cambiemos a las elecciones provinciales, impidiéndole su participación por preclusión adjudicable sólo y tan solo a la falta de responsabilidad de los apoderados en el incumplimiento de los plazos establecidos inexorablemente por el cronograma electoral.

Impera un dictamen ejemplificador en resguardo de los intereses de la sociedad para que la seguridad jurídica y las instituciones de la democracia se alcen victoriosas por sobre las pretensiones mezquinas y subvertidas de un grupúsculo de dirigentes que procuran transformar una elección; soberano acto de decisión popular; en una romería profana digna del más categórico de los repudios, montados en el “caballo del comisario” por ostentar ocasionales cartabones de ser sus dirigentes en nuestra provincia. Más aún cuando el “comisario” o “general” descalifica públicamente este tipo de prácticas.

No pretende transformarse este espacio de opinión en un debate añejo entre federalismo y unitarismo. Entre centralismo y provincias. Pero sí, en una trinchera de severa admonición en defensa de los más sensibles intereses de los santiagueños.

Porque por dirigentes sin escrúpulos, esta provincia ha sufrido dos intervenciones federales en menos de dos décadas: La primera en manos de Juan Schiaretti en 1994 y la segunda ejercida por Pablo Lanusse, en 2003.

Y todos los santiagueños de buena fe hemos sabido de las consecuencias nefastas de aquellos procesos.

Hoy está en juego la defensa de más de doce años de ejercicio permanente de institucionalidad, democracia y sujeción al Derecho.

Con el aporte individual de todos y cada uno de los santiagueños quienes, ni aún en nombre de un Cambio que, en la provincia está demostrando ser un fraude aún antes de las elecciones, quieren volver a aquellos años aciagos en los que Santiago era la vergüenza del país y de muchos países del mundo.

Hoy está en el saber y entender de los doctores Sebastián Diego Argibay, Raúl Abate y del diputado por la minoría Fernando Jiménez ejercer la defensa implacable de la igualdad ante la Ley, el respeto por las instituciones y el solidificar el concepto —cierto y no abstracto— de seguridad jurídica para que las pretensiones de unos pocos no vayan en detrimento del orden público, que es el conjunto de la sociedad que, siempre paga los platos rotos de la “fiesta” de los oportunistas, que son minoría. Hoy, primero la República y luego todo los demás.

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