Hay un giro que no es estruendoso, pero tampoco demasiado sutil del Gobierno en torno al caso Santiago Maldonado.
En los últimos días y tras reuniones muy reservadas en la Casa Rosada, apareció el nuevo discurso que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, expuso la semana que pasó en el Senado: “No damos por sentado que fue Gendarmería, tampoco que no lo fue”.
Este giro estuvo acompañado de la salida de escena de la ministra Patricia Bullrich, la más cuestionada por la oposición y por la familia de SM. Se le reprocha a Bullrich, en el mejor de los casos, haber cometido el “error” de respaldar a la Gendarmería; los más enojados agitan el “encubrimiento” del tema. Bullrich, quien en el programa de Mirtha Legrand llegó a expresar su “convicción” de que no fueron los gendarmes, hace días no aparece en público.
Quienes la llamaron en las últimas horas aseguran que cambió de teléfono o que “desinstaló” el Whatsapp.
La Rosada le bajó el pulgar a una nueva comparecencia de Bullrich en el Congreso, adonde había sido citada para este lunes por una comisión bicameral que preside Sergio Massa.
Garavano
El Gobierno baja línea con Peña y le dio micrófono al ministro de Justicia, Germán Garavano, de perfil más prudente que la ministra de Seguridad. Gesto tardío, pero gesto al fin, Garavano despachó a Esquel al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
La Justicia también ha puesto el foco en Gendarmería. De SM no se sabe nada desde el 1 de agosto, luego del operativo que desalojó un corte de ruta realizado por activistas mapuches en el norte de Chubut. Ahora el juez federal de Esquel, Guido Otranto, llamará a declarar a unos 40 gendarmes a partir del martes, que deberán dar detalles sobre su actuación en el operativo. ¿Hacía falta esperar tanto tiempo?
En la última semana unos nueve testigos pasaron por los tribunales. Entre ellos, el mapuche Matías Santana, quien dijo haber visto cuando los gendarmes se llevaban a Maldonado. Aseguró que observó todo con unos binoculares que luego perdió.
El Gobierno respaldó a Bullrich una y otra vez. La oposición pide su cabeza —más todavía si apareciera sin vida SM— pero la Rosada evalúa costos y la sostendría.
En el Gobierno creen que la ministra, a quien se reconoce honestidad, también es apuntada por otros sectores por llevar adelante una lucha sin cuartel contra el narcotráfico.
Mide también el Gobierno el impacto electoral del caso. SM no tiene tanta repercusión en el interior, como sí en el área Capital y metropolitana. Pero no tendría correlato directo con los resultados. Siempre que “no se sigan cometiendo errores”, admiten en voz baja en el oficialismo.
