Una reunión entre altos funcionarios del Gobierno y representantes de organismos de derechos humanos para tratar la desaparición de Santiago Maldonado concluyó hoy con acusaciones cruzadas, con los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, indicando que las entidades no están dispuestas a trabajar en conjunto, mientras que Estela de Carlotto y Taty Almeida dijeron que la administración nacional no acepta tratar el caso como una desaparición forzada.
La falta de un acuerdo quedó expuesta tras la reunión, cuando representantes del Gobierno y referentes de organismos de derechos humanos ofrecieron conferencias de prensa separadas en forma simultánea.
En la sede del Ministerio de Justicia, Garavano y Bullrich hablaron de una oposición de las entidades humanitarias a "trabajar en conjunto".
"El resultado no fue positivo, no fue el que esperábamos. La ministra ofreció trabajar en conjunto, hacer una comisión de seguimiento del caso. No estaban dispuestos a trabajar en conjunto para que aparezca Santiago", dijo Garavano a periodistas.
Bullrich, en tanto, aseguró que "recibimos una negativa. Parece que lo que se busca es acusar al gobierno y ponerlo en una situación difícil".
Fuera de la sede del Ministerio, Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, criticó a los funcionarios. "Nos proponían seguir trabajando todos juntos. ¿Cómo vamos a trabajar todos juntos si no reconocen la desaparición forzada de Santiago?", preguntó.
En tanto, Carlotto, la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuestionó: "nos siguen mintiendo. No declaran desaparición forzada la desaparición de este joven".
De encuentro participaron, además de los ministros Garavano y Bullrich, y de Almeida y Carlotto, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y miembros de las organizaciones Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, HIJOS Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación Buena Memoria, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.
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Bullrich planteó que no hay colaboración de la familia de Maldonado y subrayó que desde el Gobierno no acusarán a la Gendarmería por la desaparición mientras no lo haga la Justicia, señala el portal de información Télam.
"Es un caso difícil, porque en vez de manejarse por los carriles de estos casos, se han manejado en un clima de agresión y violencia", dijo la ministra.
"El viernes fue la Policía Federal a 25 de Mayo (localidad donde vive la familia de Maldonado) a sacarle una prueba de ADN a la madre de Santiago. Hubo negativa a hacerlo porque no podía ser la Policía Federal", agregó.
A tono con su exposición en el Senado de la Nación de la semana pasada, cuando señaló que no va a "tirar a un gendarme por la ventana", la ministra de Seguridad sostuvo que "nosotros no vamos a acusar a la Gendarmería, si la Gendarmería no está siendo acusada por el juez (Guido Otranto)".
Carlotto criticó a la titular de Seguridad, indicando que es "una pena que una joven como la ministra, que ha sido militante con nuestros hijos, hoy tenga cara de piedra, corazón duro y respuestas inaceptables".
"Es muy triste que, después de 40 años, sigamos gritando 'Aparición con vida'", dijo, por su parte, Almeida.
Tras el fracaso del encuentro, las entidades anunciaron que exigirán ser recibidas por el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, que viajarán a la localidad patagónica de Esquel y que preparan un acto para el 1° de septiembre, fecha en la que la desaparición de Maldonado cumpliría un mes.
El artesano fue visto por última vez el 1° de agosto, durante un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof Resistencia Cushamen, en Chubut. Según testimonios de mapuches de la comunidad, fue detenido por la Gendarmería, que se lo habría llevado con rumbo sur por la ruta 40 en una camioneta.
Maldonado había llegado a la comunidad dos días antes del operativo para apoyar una protesta en la que se exigía la liberación del lonko Facundo Jones Huala, detenido en Esquel y con pedido de extradición a Chile, donde se lo acusa por el incendio, en enero de 2013, de un latifundio en la región de Los Ríos, de agredir a una familia, de portar armas de fuego y caseras, de atacar a dos carabineros y de violar la ley de extranjería.
