El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desoye los llamamientos de la comunidad internacional e ignora el mensaje lanzado por las fuerzas opositoras en la movilización masiva del pasado domingo; y no está dispuesto a renunciar a las elecciones de una Asamblea General Constituyente. A pesar de la petición de millones de ciudadanos, chavistas desencantados con la deriva del régimen y las amenazas de sanciones de Estados Unidos, las convocó para el día 30 de julio.
El sucesor de Hugo Chávez se atrinchera en el poder y desafía a todas las voces críticas manifestando: "Esta iniciativa ya no me pertenece, está en manos del pueblo". De esa manera respondió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a las cada vez más insistentes peticiones de gobiernos extranjeros y de personalidades de organismos multilaterales para que suspenda la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, durante el acto de instauración del Consejo Nacional de Defensa en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas.
Este consejo es una instancia ad hoc contemplada en la legislación, que se convoca en momentos de amenazas a la seguridad nacional. Esta es la tercera vez que Maduro lo reúne. La última fue en octubre del año pasado, cuando los diputados opositores que controlan la Asamblea Nacional acordaron declarar el "abandono del cargo" por parte del mandatario nacional.
En esta ocasión, el presidente venezolano citó las recientes declaraciones de los portavoces de la Casa Blanca y del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Venezuela, como motivo para reunir al organismo. Tras la consulta popular celebrada por la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), el Gobierno de Washington instó a las autoridades venezolanas a considerar el resultado de ese plebiscito simbólico y avisó de que estaba preparado para iniciar "rápidas y fuertes acciones" de orden económico si Caracas insiste en marchar hacia la Asamblea Constituyente.
Según información difundida por las agencias internacionales de noticias, el martes parecían inminentes las sanciones del Gobierno de Trump contra Venezuela. En el menú de opciones puesto sobre la mesa parecían estar la congelación de bienes de jerarcas del chavismo —se nombraba al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, y al primer vicepresidente del partido de Gobierno, Diosdado Cabello, entre los integrantes de la todavía desconocida lista negra—, la confiscación de los negocios en EE UU de la petrolera venezolana PDVSA, y hasta un embargo abierto a las compras de petróleo de ese país.
Un embargo contra el crudo venezolano sería el "no va más" en el arsenal de sanciones. Si bien las importaciones petroleras desde Venezuela representan alrededor del 5% del consumo de Estados Unidos, la mitad de las exportaciones del país sudamericano van al mercado norteamericano, que las paga en efectivo. Buena parte del resto de la menguante producción está comprometida para el pago de deuda con aliados extranjeros como China, o para alimentar acuerdos de cooperación de gran importancia política en este momento para Caracas, como la alianza de Petrocaribe. Venezuela capta prácticamente la totalidad de sus ingresos en divisas mediante la venta de petróleo.
Numerosos grupos de derechos humanos y el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, han denunciado la práctica de las autoridades venezolanas de llevar a disidentes civiles y manifestantes a la justicia militar, que se ha hecho especialmente recurrente desde que el 1 de abril se inició una ola de protestas en todo el país.
A menos de dos semanas de las elecciones para elegir a los miembros de la criticada Asamblea Constituyente, Maduro busca asegurarse de que la convocatoria se cumpla aunque sea con fórceps.
