El documento que impulsa la libertad religiosa busca reemplazar a la Ley 21.745 promulgada en 1978, fue elaborado en consenso con la mayoría de los credos que conviven en nuestro país e incorpora derechos para todos las religiones en forma igualitaria, también suma el concepto de la objeción de conciencia, entre otras modificaciones.
Cabe destacar que el actual marco normativo fue implementado en la última dictadura militar, por lo que la nueva norma vendría a responder una demanda histórica de todas las confesiones religiosas.
“Argentina tiene una tradición de libertad de cultos y convivencia histórica entre ellos que se viene incrementando cada vez más. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio contribuyó mucho en esta tarea. Y esta ley cristaliza esa tarea en un proyecto que asegura la libertad de cultos, garantiza los derechos de cada uno y sigue la línea que en el país ya se viene desarrollando desde hace tiempo”, destacó el secretario de Culto, Santiago de Estrada, en una entrevista en la que adelantó los principales aspectos de la iniciativa.
El proyecto ingresó por la Cámara de Diputados a principios de esta semana, con la firma de la saliente canciller Susana Malcorra, será tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside la diputada de Pro Cornelia Schmidt Liermann. Resta definir si intervendrán otras comisiones como la de Justicia y Legislación General.
La iniciativa oficial logró el apoyo de la Conferencia Episcopal Argentina, la Mesa Consultiva de Federaciones y Asociaciones de Iglesias Evangélicas de la Argentina, la DAIA y la AMIA, el Centro Islámico de la Argentina, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y la Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, entre otros.
Desde el regreso de la democracia, hubo varios intentos -más de 30 proyectos- en el Congreso para modificar la ley de la dictadura, pero ninguno prosperó.
Lo más cerca que se estuvo de aprobarse fue en 1993 con la denominada “ley Centeno”, que logró sanción unánime en el Senado pero luego perdió estado parlamentario.
Pero ahora, con la modificación introducida en 2015 al Código Civil y Comercial que reconoce la personería jurídica a las iglesias, el camino parece estar más allanado.
