Saúl Enrique Paz admitió ante la Justicia haber cobrado $ 1.500 para denunciar a la diputada Elisa Carrió. En su declaración dio un nombre, Alan González, un peruano al que supuestamente conoció jugando al fútbol en una zona humilde de la localidad de Derqui. Podría ser el autor ideológico de la maniobra judicial. Pero detrás del humilde albañil, oriundo de Santiago del Estero, aparece una red de “prestanombres” que permitieron abrir al menos 18 empresas en los últimos dos años, pudo determinar Infobae con datos de bases comerciales. Hay firmas dedicadas a la construcción, a la compra de equipos industriales y hasta de publicidad en la vía pública.
Rafecas desestimó las denuncias por cohecho y enriquecimiento ilícito contra la diputada nacional Elisa Carrió, advirtió que tuvieron una “base espuria y francamente escandalosa” y ordenó investigar cómo se gestaron. En su resolución, el magistrado archivó dos denuncias y remarcó que el denunciante original, Saúl Enrique Paz, declaró bajo juramento de verdad que cobró 1.500 pesos por presentar la acusación, sin haberla leído y que lo hizo porque estaba desocupado, según el fallo al que accedió Télam. Además, Paz explicó que fue trasladado a Comodoro Py 2002 por un hombre al que identificó como Alán González en su automóvil, de su casa en Derqui y que creyó que iba a ser testigo en un juicio laboral a cambio del dinero. El albañil Paz fue citado en dos ocasiones a ratificar la denuncia sin presentarse, hasta que el jueves pasado fue trasladado por la policía hasta los tribunales federales de Retiro, donde bajo juramento de verdad admitió cómo y por qué presentó la denuncia.
