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El País DECLARACIONES

Frigerio: " El Gobierno no está de acuerdo con el fallo"

Para el ministro del Interior, "el Gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, no puede dar órdenes a la Justicia, tiene que tener diálogo.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió hoy que "el Gobierno no le da órdenes a la Justicia", al tiempo que enfatizó que están en desacuerdo con el fallo que beneficio con la llamada ley "2x1" a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.

 

"No nos sorprende que nos acusen en algo que han hecho ellos durante todo este tiempo", afirmó el funcionario tras las críticas del kirchnerismo y otros sectores de la oposición, que vincularon al gobierno macrista con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y añadió que "así se han manejado durante 12 años".

 

En este sentido, agregó que "es lógico que piensen que esa es una manera normal de manejarse en una República", en tanto remarcó que "la Argentina de hoy tiene división de poderes" y "no se le da órdenes a la Justicia". 

 

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"No nos sorprende que nos acusen de eso porque así se han manejado durante 12 años, imponiéndole cosas a la Justicia, intentado darle órdenes a la Justicia", insistió Frigerio en declaraciones a radio Mitre.

 

A lo que contrastó que el Gobierno piensa "exactamente todo lo contrario", es decir, "en la división de poderes, en que la Justicia y el Congreso son poderes independiente de la República".

 

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Para el ministro del Interior, "el Gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, no puede dar órdenes a la Justicia, tiene que tener diálogo, y tiene que ser controlado por esos otros poderes (por el Ejecutivo y el Legislativo), algo totalmente opuesto a lo que pasó en la Argentina en los últimos 12 años".

 

Tal como lo hizo ayer, Frigerio sostuvo que el Gobierno "no está de acuerdo con el fallo" de la Corte Suprema de Justicia que consideró aplicable el beneficio "2x1" en el caso del represor Luis Muiña. Las declaraciones del titular de la cartera política se dan un día antes del acto convocado por organismos de derechos humanos y distintas agrupaciones políticas y sociales a la Plaza de Mayo para repudiar la decisión del máximo tribunal. 

 

 

 

    

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