Por orden de la Justicia el dueño de una funeraria y un empleado del cementerio de la vecina localidad de comandante Nicanor Otamendi quedaron alojados en sede policial, y este jueves tendrán que declararán en sede judicial, por las sospechas de haber participado en el robo del cadáver del niño que apareció mutilado a orillas de arroyo La Totora, en cercanías de Miramar.
Las aprehensiones se concretaron esta tarde a pedido de la fiscal Ana Caro y luego de cumplida la exhumación del ataúd que debía guardar los restos del menor, fallecido hace casi 20 días en un accidente doméstico: se había tragado un globo que le obstruyó las vías respiratorias a la altura de la tráquea.
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Los padres del menor, un matrimonio de nacionalidad boliviana que tiene domicilio y trabaja en un sector de las quintas del paraje El Boquerón, confirmaron que habían velado a su hijo en casa y luego lo trasladaron hasta el cementerio de Otamendi. Uno de los sepultureros del lugar y el responsable de la casa de sepelios que se encargó del servicio fúnebre son los primeros acusados.
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Los investigadores intentan desentrañar responsabilidades directas y/o complicidades en la sustracción del cuerpo de este menor de casi dos años de edad. Si bien esos restos habían pasado por una autopsia que confirmó la causa de muerte, al momento del hallazgo presentaba faltantes ajenos al trámite forense: no tenía cerebro, órganos internos ni piezas dentarias. Además, le habían seccionado manos y pies.
En principio, cuando aún era un enigma la identidad de la víctima, se sospechó que pudiera tratarse de un caso relacionado con robo de órganos. Luego, confirmado de quien se trataba a partir de cotejos genéticos, se pudo afirmar la hipótesis de un robo de cadáver y ahora queda por dilucidar quiénes participaron y el porqué de esa, señala el portal de La Nación.
