Tras el asesinato del adolescente Brian Aguinaco en el barrio de Flores conmovió a la sociedad, volviendo a poner el tema del delito juvenil y la inseguridad en la agenda mediática.
Luego de ello a principios de enero, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, anunció la intención del gobierno a comenzar a discutir un nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad, que en la actualidad está fijada en los 16 años.
Éste fue el punto de partida para que especialistas de distintas organizaciones sociales, políticas y académicas decidieran nuclearse en una red a la que llamaron Argentina No Baja. Quienes la integran coinciden en la necesidad de crear un nuevo Régimen Penal Juvenil que deje atrás la ley 22.278 sancionada por la última dictadura militar, pero se oponen a "la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad".
Desde Argentina No Baja consideran que cualquier proyecto que proponga la baja de la edad de imputabilidad es inconstitucional, ya que viola el principio de no regresividad. "Sería un retroceso, no se puede regresar de un derecho ya adquirido", explicó a ámbito.com, la abogada y magíster en criminología Claudia Cesaroni, integrante de la red y miembro del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc).
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Además, refutó los argumentos de quienes sostienen que los menores que hoy no están alcanzados por la ley penal carecen de garantías ante la Justicia. "Ese es un argumento pseudogarantista que es falaz. Es verdad que el decreto 22.278 permite la actividad discrecional de los jueces, pero también es cierto que por encima de esa norma hay leyes superavanzadas como la Constitución nacional y los tratados internacionales", enumeró.
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En diálogo con el portal de Ámbito.com, la socióloga y plenarista del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires en representación de la Legislatura, Florencia Gentile, y otra de las impulsoras de Argentina no Baja fijó su posición: "La baja de la edad de imputabilidad es ineficaz como respuesta a la inseguridad porque en términos estadísticos el porcentaje de delitos graves cometidos por menores de 18 años en general y más por menores de entre 14 y 16 años -la franja de los que ahora no son punibles- es ínfimo", señaló.
Un informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires establece que sobre 175 homicidios registrados en 2015 sólo 1 caso fue cometido por un menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron atribuidos a adolescentes entre 16 y 18 años (el 3,8% del total).
En tanto, según estadísticas de la Procuración general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, durante el 2015 se iniciaron 26.798 causas contra menores de 18 años, de las cuales 126 corresponden a homicidios dolosos, o sea menos del 0,5 % del total. "Si nos focalizamos en datos de UNICEF, en Argentina hay 412 adolescentes de entre 14 y 15 años privados de su libertad -que no deberían estarlo, pero lo están-. Entonces, si a esos niños les aplicamos el 0,5% podemos inferir que los involucrados en homicidios dolosos serían sólo dos casos", explicó Cesaroni.
