“¿Cuál es el delito?”, la pregunta incendiaria del abogado de la empresa de colectivos Jaime Paz —el ex juez del Crimen, Pedro Ibáñez— suena estridente y hasta con cierto sesgo de prepotencia.
Como si el abandonar a dos pasajeras —haciendo abstracción de la palabra muerte— fuera un hecho menor, el letrado procura explicaciones a la profusa difusión del episodio policial que investiga la Justicia y que involucra a dos empleados de dicha empresa de transporte público de pasajeros.
Presunto “abandono de persona”. Tal es la carátula de la investigación que parece haber pasado desapercibida al Dr. Pedro Ibáñez que —desde los cálculos de este redactor con alguna experiencia en lides judiciales— intentará argumentar ante la Justicia que un cadáver, para el derecho argentino, es “una cosa”.
Dejando de lado la arista inhumana y con tintes aberrantes del episodio que tuvo repercusión nacional, indigno de una empresa que se precie de brindar un “servicio público”, el mero hecho de abandonar a dos pasajeras antes de llegar a destino bien podría ser encuadrado en la figura del incumplimiento de contrato, ya que ambas pagaron el precio de un pasaje para arribar a ciudad Capital y no para quedar en una banquina, a la madrugada y abandonadas a su suerte entre Rapelli y Nueva Esperanza.
En un extremo de temeridad insoslayable, dicho abogado da por sentado que Petrona Villalba, la mujer que perdió la vida esa fatídica noche, estaba muerta cuando los investigados por la Justicia decidieron seguir camino abandonándola junto con su sobrina a la vera de la ruta.
La pregunta revienta en el aire como una naranja podrida: ¿qué capacidad de análisis clínico y conocimientos médicos tienen dos choferes de colectivo como para diagnosticar la muerte de una persona?
Con su pregunta, el Dr. Pedro Ibáñez anticipa a la Justicia cuál será la estrategia para defender —que es su oficio— lo que mereció el repudio de todo el país.
Tome nota el fiscal de la causa. Es lo que se viene. Y no hay más.
