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El País La Ministra de Seguridad

Patricia Bullrich presentó los tres ejes del decreto para fortalecer el control migratorio

La ministra en el día de hoy dará a conocer cuales serán las medidas de seguridad que se implementarán en los aeropuertos.

El decreto que endurecerá los controles migratorios ya está terminado, solo falta la firma del presidente Mauricio Macri, y su publicación en el Boletín Oficial, para que se pueda implementar.

 

La ministra de Seguridad  trabajó en conjunto con la dependencia de Migraciones y de polémica en torno a la situación en la que quedarán los extranjeros, señala el portal de Infobae.

 

Patricia Bullrich explicó que la iniciativa tiene tres ejes: "Aquel que cometió un delito en su país, no entra en la Argentina; aquel que comete un delito estando en la Argentina será expulsado de manera rápida (en un plazo de tres meses); y aquel que ya cometió un delito hay que esperar a la mitad de la condena, pero inmediatamente se le va a sacar su residencia".

 

 

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La funcionaria, en declaraciones televisivas explicó que hasta ahora "la Policía Federal tenía una herramienta de Interpol donde figuran todas las capturas de personas prófugas de todo el mundo, pero eso no estaba online en ninguna frontera. Es decir que a la Argentina entraba cualquiera que tenía una condena grave y uno se enteraba cuando la persona ya se había ido".

 

Según datos de Migraciones, durante el 2016 se otorgaron 215.000 radicaciones (entre temporales y permanentes) y se dan 28.000 turnos para realizar el trámite por mes. "Tenemos la autoridad moral como país como para determinar que no ingresen ni permanezcan en el país los delincuentes".

 

 

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El texto del decreto, además, hará mención a las obligaciones que tendrán las aerolíneas. En este sentido, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentará hoy el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API, por sus siglas en inglés), que obliga a las líneas áreas a brindar datos sobre los viajantes antes de que arriben o egresen del país.

 

"La idea es conocer si una persona es requerida por la Justicia nacional o de otro país, y así poder rechazar su ingreso a la Argentina", según se indicó en un comunicado.

 

 

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