En una entrevista concedida al diario La Nación, el ministro de Justicia Germán Garavano, indicó que se lleva a cabo un minucioso análisis de una ley que suprima las ferias judiciales; por lo que la misma será impulsada posteriormente por el Gobierno Nacional.
La feria judicial, hasta hoy, comprenden los 31 días de enero y otros 15 días en el invierno: para algunos políticos, se asemeja a unas vacaciones de privilegio.
Según pudo conocer el plan del Gobierno es colocar el tema en la agenda del 2018 y entraría en vigencia a partir del 2020.
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"Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover 45 días al año, con un grave perjuicio para los ciudadanos. Se plantea discutir cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días", señaló Garavano.
Asimismo, el funcionario indicó: "Lo que se plantea es dar la discusión de cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público durante tantos días. También creemos que hay que ampliar los horarios de atención al público con dos turnos de trabajo”.
Al respecto, la organización Fores elaboró un informe, en el que cuantificó que "la feria judicial implica una interrupción del 18,36% anual de la labor del sector" y que "el sistema de Justicia funciona sólo 190 días al año".
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"Si a ello sumamos que se trabajan seis horas diarias, el resultado es de 132 jornadas", agregó el estudio. La llamada "Agenda Anotada para la Justicia Argentina 2020", que elaboró Fores, fue una de las bases del proyecto de reforma de Justicia de Cambiemos.
Durante su gestión en la Ciudad, Garavano suprimió la feria judicial para los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Lo hizo en etapas: primero con una prueba piloto durante el receso invernal y, más tarde, durante el verano. Los fiscales y sus colaboradores podían tener sus vacaciones entre diciembre y abril, con un cronograma coordinado para conservar dos tercios de personal cuando la fiscalía estaba de turno y al menos un tercio en el resto de los días.
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De todas formas, una medida de este tipo no puede ser tomada desde el Poder Ejecutivo y está en manos de la Corte Suprema y del Ministerio Público Fiscal.
Fuentes del máximo tribunal aseguraron que "cualquier cambio en la reglamentación se hará a partir de un consenso previo con los gremios de los judiciales".
