Aunque todas las estadísticas indican que el crimen cometido por menores tiene muy baja incidencia en el universo global, si un pibe mata a otro enseguida sacude las noticias. Es lo que pasó en la previa de la Nochebuena, cuando en Flores tras dos días de agonía murió Brian, un chico de 14 años, asesinado por otro de 15 (que también se llama Brian y fue atrapado en Chile). El impacto mediático aceleró el plan del gobierno, para bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, y reformar el Régimen Penal Juvenil (RPJ).
Desde hace más de 20 años se discute el asunto. Incluso en 2009, en el Senado hubo media sanción a un proyecto con amplio consenso, pero nunca se trató en Diputados.
Un nuevo RPJ es una asignatura pendiente porque la ley que viene de la dictadura, firmada por Videla, es vetusta y está muy cuestionada. En su artículo 1º señala que no es punible el menor que no haya cumplido los 16 años. Pero los magistrados pueden disponer el encierro de los chicos en instituciones según sus criterios.
La iniciativa del Gobierno generó fuertes reacciones en la oposición. Las aguas se dividen entre los partidarios de penas más duras que ponen el acento en la baja de la edad de imputabilidad; y quienes creen que ésa es una mirada muy parcial y que deben tenerse en cuenta los derechos de los niños y adolescentes, que el Estado debe garantizar el acceso a la salud, la educación, la vivienda, la salud, etc.
La Iglesia se metió de lleno en la polémica y en un documento de la comisión de adicciones salió a cruzar duramente el proyecto. Citó al papa Francisco, que en 2005 ya se había pronunciado en contra de “remedios” como la baja de la edad.
Los delitos cometidos por menores, en su mayoría contra la propiedad, están directamente ligados a la pobreza, la desigualdad, la falta de educación, advirtió la Iglesia.
Los chicos en conflicto con la ley penal “son pobres, varones en su mayoría, que cuentan con un fuerte déficit en la escolarización, y que provienen de familias desintegradas y de baja calificación laboral”, sostuvo la comisión que depende del Episcopado, y cuyo coordinador es el cura villero “Pepe” di Paola.
El proyecto tiene un camino difícil, a pesar de que hay un amplio convencimiento en todos los sectores políticos de que es necesario un nuevo RPJ. ¿Por qué nunca prosperó en todos estos años? Muchos creen que hay que hacer grandes inversiones (instituciones, profesionales, juzgados, políticas específicas, etc.) para que realmente funcione un sistema integral que contenga y rehabilite a los chicos. Como lo más probable es que esto nunca se haga, lo único que quedaría en pie sería la baja de la edad de imputabilidad.
Ayer, desde el Observatorio Social de la UCA se advirtió que cuando se conozcan las estadísticas de los últimos meses de 2016, habrá aumentado la pobreza extrema. Con la mitad de los chicos en situación de pobreza en el país, no parece haber régimen penal que aguante. Se debate la baja de edad de imputabilidad pero no hay la misma pasión para discutir qué hacer con el millón de chicos “ni-ni”, el drama de los que no estudian ni trabajan.
