El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que en el 2017 habrá “una reducción sustancial de la pobreza en Argentina”, y afirmó que en el futuro “el país no necesitará” aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener financiamiento. Está claro que en el segundo semestre la inflación está a la baja y eso atraerá la inversión".
El titular de la cartera política del Gobierno nacional estimó que es “muy difícil” precisar si bajo la gestión de Mauricio Macri se incrementó la pobreza, y señaló que las mediciones que hizo la UCA sobre la cuestión “no tuvieron en cuenta las paritarias”.
“Lo que hicimos fue sincerar los números. Es muy difícil decir con certeza si se generaron un millón y medio de pobres, las mediciones de la UCA fueron trimestrales y no tuvieron en cuenta las paritarias”, apuntó.
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En relación a la salida de Alfonso Prat-Gay como ministro de Hacienda y Finanzas, el funcionario aseguró que se trató de “una decisión tomada por el presidente” Macri.
“Prat-Gay tenía diferencias con algunos funcionarios y él aclaró cuáles eran. La decisión de su salida la tomó el presidente. Durante 50 años tuvimos ministros de Economía muy fuertes y no nos fue bien. Por eso creemos que las decisiones en esta área las tiene que tomar un gabinete”, sostuvo Frigerio.
El ministro negó que la intención del Ejecutivo pase por volver a aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la próxima gestión de Nicolás Dujovne como titular de la cartera de Hacienda, al tiempo que observó que el organismo de crédito “es un buen auditor, pero un mal prestamista”.
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“No vamos a recurrir a las recetas del FMI. El organismo es un buen auditor pero no es bueno como prestamista. Estimamos que con disciplina fiscal podemos conseguir otras fuentes de financiamiento para el país”, garantizó Frigerio.
Por último, el ministro respaldó el veto presidencial a la ley que ordenaba al Estado llevar a cabo una expropiación en favor de la cooperativa de trabajadores que administra el Hotel Bauen, al considerar que se “debía hacer un gasto que no podía costear”.
“En el veto de la ley de trombofilia había una cuestión científica. Se presentaron análisis que indicaban algo que no era lo que se quería demostrar. Y en el caso del Bauen, consideramos que el Estado no podía hacer un gasto de fondos como el que se nos pedía”, enfatizó.
