El registro fílmico de una entidad bancaria fue la prueba lo suficientemente sólida como para que el juez en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación, Darío Alarcón ordene, en el transcurso de la jornada de ayer, la detención del empresario tucumano Luis Manuel Pericás, de un empleado del Juzgado del Crimen de Segunda Nominación, identificado como Eduardo Antuz y de los abogados María Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Ángel Moreno, ex jueces de la provincia.
La filmación mostraría a Antuz entregar un cheque a Pericás en el acceso de una entidad bancaria y, tras esperarlo por el lapso de una hora, ambos se habrían retirado en el vehículo del empresario tucumano con una valija con dinero.
En virtud de la gravedad de los hechos denunciados por la Fiscalía de Estado de Tucumán, Alarcón imputó a Luis Manuel Pericás el delito de defraudación calificada y ordenó su inmediata detención, para lo que dispuso que una comisión policial se traslade a la vecina provincia de Tucumán.
En tanto, Eduardo Antuz fue imputado por el delito de partícipe primario de defraudación calificada y pesa sobre los ex jueces Martínez Llanos, Tarchini Saavedra y Moreno la imputación de los delitos de defraudación calificada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.
Eximiciones y “desaparición”
Al cierre de edición, una comisión policial partía hacia Tucumán en procura de cumplir con la orden de detención del juez Alarcón. Sin embargo, calificadas fuentes informaron al Multimedio que el empresario Pericás “desapareció de los lugares en los que se lo solía ver”, por lo que se supone que podría haberse dado a la fuga para evitar ser puesto tras las rejas.
Asimismo, Martínez Llanos, Moreno y Tarchini Saavedra presentaron anoche eximiciones de prisión, por lo que las órdenes de captura quedan en suspenso hasta que la Justicia resuelva o no la procedencia de sus solicitudes.
Al cierre de edición, el juez actuante evaluaba elementos probatorios, a los efectos de mensurar si a los cuatro imputados por defraudación les cabe la figura penal de la asociación ilícita de la que surgiría prístinamente —dado el caso— que era comandada por Pericás. Tal extremo agravaría sustancialmente la situación, tanto del empresario como la de los ex jueces, ya que se trata de una figura penal no excarcelabe.
“No hay impunidad para nadie”
Consultadas altas fuentes del Ejecutivo, resumieron el caso en tres ejes principales a destacar:
El primero, que desde el inicio de las actuaciones se evidencia un prolijo funcionamiento de las instituciones de la democracia, ya que se activaron los mecanismos que prevé la Constitución de la Provincia para estos casos.
En segundo lugar, que la independencia con la que está actuando el Poder Judicial trasluce que funciona la división de poderes.
Y por último, y no menos importante, que en la provincia “no hay impunidad para nadie”.
