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Política Dólar Futuro

En septiembre se definirá si Cristina Kirchner va a juicio oral

La audiencia puede ser oral o la defensa tiene la opción de presentar directamente un escrito.

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Foto: Infobae

La Cámara Federal definirá el mes que viene si la ex presidente Cristina Kichner va a juicio oral y público en la causa del dólar futuro o si es sobreseída. La Sala II del tribunal fijó para el 6 de septiembre a las 10.15 una audiencia con las defensas de todos los procesados para tratar sus planteos, informaron a Infobae fuentes judiciales.

 

Luego de esa audiencia, los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Eduardo Cattani quedarán en condiciones de resolver la situación judicial de Cristina Kirchner.

 

El fallo será clave. Si la Cámara confirma el procesamiento, la ex presidente quedará a un paso de ser enviada por primera vez a juicio oral. En ese caso, el juez Claudio Bonadio podrá entender que la investigación está cerrada y pedirle opinión a las partes para llegar el caso a un tribunal oral. En cambio, si la Cámara acepta la apelación de Carlos Beraldi, abogado de Kirchner, la ex primera mandataria será sobreseída.

 

La última posibilidad es una postura intermedia de la Cámara: dictar una falta de mérito y ordenar medidas de pruebas por entender que no hay elementos para procesar a Kirchner pero que se debe seguir investigando.

 

La audiencia puede ser oral o la defensa tiene la opción de presentar directamente un escrito en el que explicite sus fundamentos. Inclusive, Cristina Kirchner puede estar presente y hablar ante los jueces. Eso fue lo que, por ejemplo, hizo el empresario detenido Lázaro Báez en la causa en la que está procesado por lavado de dinero.

 

La Sala II de la Cámara también deberá resolver la situación del ex ministro de Economía Axel Kicillof, del ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli y de otros 12 ex funcionarios y directores de la entidad monetaria y de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Además el 29 de agosto realizará otra audiencia que hizo la defensa de María de las Mercedes Geandet, gerenta de Agentes y Mercados de la CNV y que tiene una falta de mérito en la causa, para que se declare nulo su llamado a indagatoria.

 

Todos ellos fueron procesados por el juez federal Claudio Bonadio el 13 de mayo pasado por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública y recibieron un embargo de 13 millones de pesos sobre sus bienes.

 

El juez entendió que con la venta de dólar futuro se defraudó al estado nacional porque se fijó un precio menor al de la plaza cambiaria.

 

Sobre Cristina Kirchner, Bonadio sostuvo que tuvo responsabilidad política en la operatoria. "Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones –que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo", entendió el magistrado.

 

La defensa la ex presidente apeló el fallo y resaltó "la manifiesta ausencia de fundamentos serios probatorios y jurídicos" ya que se trató de una resolución con "consideraciones de naturaleza exclusivamente política". También sostuvo que Bonadio no investigó a quiénes se beneficiaron con la compra de dólar futuro, entre ellos funcionarios del actual gobierno nacional.

 

Por eso, diputados del Frente para la Victoria denunciaron penalmente a Bonadio y al actual titular del BCRAFederico Sturzenegger.

 

Además, la ex presidente recusó a Bonadio y a los tres camaristas que deben resolver su procesamiento. Pero todos los planteos fueron rechazados. Así, Irurzun, Farah y Cattani quedaron en condiciones de resolver las apelaciones.

 

La postura de la ex presidente es compartía por varios sectores políticos y hasta judiciales que creen que la política sobre el dólar futuro no puede ser judicializada. Por eso, esta causa es menor frente a otros expedientes que Cristina Kirchner afronta.

 

La ex presidente está siendo investigada en las causas "Hotesur" "Los Sauces" por sus negocios con los empresarios Báez y Cristóbal López; en la llamada "ruta del dinero k" y por las presuntas irregularidades en la concesión de la obra pública durante su gestión.

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