La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió al Gobierno que los subsidios al gas se quiten "en forma gradual y no drásticamente", mientras denunció aumentos de hasta 2.000 por ciento.
En tanto, la entidad señaló que la decisión del Ministerio de Energía de financiar el 50% del aumento de la tarifa del periodo abril-septiembre "es positiva, pero insuficiente para las PyMES de todo el país".
A través de un comunicado conocido el viernes, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación informó que "los pequeños comercios, Pymes y entes oficiales de todo el país correspondientes a las categorías tarifarias SGP1, SGP2 y SGP3 abonarán el 50 por ciento de los consumos" de gas natural "del nuevo cuadro tarifario de este invierno (entre abril y septiembre)".
Según aclaró, "el otro 50% será financiado por el Estado Nacional" y "esos pequeños comercios, Pymes y entes oficiales podrán abonar la diferencia en cuotas en los períodos de bajo consumo", es decir "entre octubre de 2016 y marzo 2017 y entre octubre de 2017 y marzo de 2018".
La CAME advirtió que hubo muchas Pequeñas y Medianas Empresas "que recibieron sus nuevas boletas con aumentos de hasta 2.000 por ciento".
"El primer punto, es que en la mayoría de las industrias y comercios el uso del gas no es estacional: se consume por igual durante todo el año", explicó en el comunicado la entidad, en el que se advierte que una brusca suba de tarifas puede afectar en forma drástica la producción y el empleo, informa Ámbito.
Por esa causa, continuó, "la financiación del 50% genera un problema hacia adelante porque a partir de septiembre deberán pagar montos más altos aún".
Además, la CAME advierte que esa medida no alcanza para paliar la situación de las empresas que recibieron fuertes aumentos en el servicio de gas en los últimos meses.
"Para empresas que recibieron ajustes del 1.000% o 2.000% en el gas, la medida no alcanza, porque aun postergando a la mitad ese aumento, se vuelve muy difícil afrontar el nuevo costo", se puntualizó al respecto.
Por último, la CAME señaló que "el Ministerio de Energía de la Nación deberá analizar si es conveniente para un país quitar los subsidios drásticamente y cerrar fuentes de trabajo, o ir hacia un esquema de quita gradual más sostenible, que le permita al empresario continuar con su actividad y mantener el empleo".
