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Policiales PRIMERO EN NDW

La Policía secuestró 12 radares y otros elementos de medición

Durante los procedimientos también participaron oficiales de Justicia, policías de la División Informática y personal de la Defensoría del Pueblo.

 Personal de la División Delitos Económicos de la Policía de la Provincia realizó ayer allanamientos en los que se secuestraron doce radares y elementos complementarios de los sistemas electrónicos de mediciones de velocidad que aún se encontraban instalados en distintos puntos de la provincia y cuyo uso fue suspendido por la Justicia al considerarlos ilegales porque no cuentan con autorización, habilitación y homologación de convenios vigentes.

 

El operativo, que recorrió varias ciudades de las rutas nacionales, se inició a las cinco de la mañana de ayer y terminó anoche, después de las 22.

 

 Los procedimientos se concretaron con la participación de personal de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que denunció las irregularidades, efectivos de la División Informática de la Policía y los oficiales de la Justicia santiagueña.

 

 La orden había sido librada por la jueza del Crimen de Primera Nominación, María Lucrecia Martínez Llanos, lo que generó el amplio operativo.

 

 Fuentes ligadas con el procedimiento revelaron que se armaron dos comisiones que recorrieron Fernández, Colonia Dora y Pozo Hondo, sobre Ruta 34; San Pedro de Guasayán y Frías, sobre la 157, y Loreto, sobre la 9.

 

 En Frías, la Policía secuestró 12 radares, mientras que en San Pedro de Guasayán se incautaron elementos complementarios de sistemas de medición. En el resto de las ciudades, los procedimientos resultaron negativos porque los radares habían sido retirados en los últimos días, luego de que el tema comenzó a ser tratado en exclusivo por LV11 y Nuevo Diario, a raíz de la denuncia de la Defensoría del Pueblo, luego de que se hiciera eco de los reclamos y quejas de conductores por las multas por supuestas infracciones de tránsito.

 

Omisión municipal ante las advertencias

 

 La jueza Martínez Llanos consideró que los municipios infractores han hecho caso omiso a las recomendaciones, advertencias e intimaciones efectuadas oportunamente por la Defensoría del Pueblo de la Provincia en torno al cese en el uso de sistemas automáticos y/o semiautomáticos de control de infracciones de tránsito y el uso manual de estos sistemas por las autoridades locales de constatación sobre rutas que atraviesan los ejidos municipales accionados, además del secuestro de los instrumentos y aparatos de control.

 

 Asimismo, la magistrada declaró la nulidad de los procedimientos administrativos y/o de ejecución que se encuentran en curso, así como todas las actas de infracción dictadas en violación a la legislación vigente, con excepción de aquellas que hubiesen sido consentidas expresa o tácitamente por los infractores.

 

 

 

 

 

 

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