El defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Martín Díaz Achaval participó del programa Actualidad Política para hacer mención al trabajo que llevan adelante.
Indicó que en la Defensoría diariamente se reciben denuncias y reclamos de los vecinos.
En ese marco, remarcó que el ranking de quejas lo encabezan las multas de tránsito en rutas provinciales y nacionales que pasan por la provincia.
Señaló que “Gendarmería Nacional es la policía de las rutas, pero nuestro sistema es tan complejo. Personalmente, creo que tenemos que resolver esta cuestión lo antes posible”.
Además, comentó que la Defensoría hizo un reclamo ante las Intendencias y se les recomendó que cesen la utilización de los radares. “Hay varias que cesaron en el uso y otros que no. Así que nos hemos reunido y estamos tomando una serie de decisiones, que pronto las daremos a conocer junto con los dos defensores adjuntos”, manifestó.
Aseveró que “no nos preocupa la instalación de radares como mecanismos de seguridad de la ciudadanía, al contrario, en lo personal coincido con el control radarizado de la velocidad de los vehículos en las rutas, pero no como mecanismo recaudatorio sino preventivo”.
Asimismo, dijo que “el motivo del reclamo por parte de la Defensoría no pasa por la utilización del sistema como forma preventiva, sino pasa porque entendemos que no cuenta con todos los requisitos para garantizar que sea preventivo, dejando entrever que potencialmente podría ser recaudatorio y no cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Vialidad Nacional”.
Por último, aseguró que no existe señalización horizontal ni vertical de la presencia de los radares en las rutas.
Contaminación
Por otro lado y en cuanto a la contaminación del embalse de Río Hondo, se mostró “indignado” y “molesto” por el hecho de que el empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro no prestara declaración en el juicio que se lleva adelante.
Díaz Achával, quien es testigo en la causa, sostuvo que “el hecho de ser testigo me impide hacer declaraciones con total libertad, para que luego mi testimonio sea válido en el Tribunal Oral”. Sin embargo, remarcó que “junto con las otras personas que fuimos a prestar testimonio nos indignó y molestó esto, nos parece que no es respetuoso porque nuestro tiempo también tiene el mismo valor que el de los funcionarios judiciales”.
El ombudsman señaló que si bien es “indignante” es parte de los procesos judiciales y que “lo cierto es que hay un proceso judicial abierto que está ante un Tribunal Oral y donde hay un empresario ligado a las empresas contaminantes que fue elevado a juicio oral y todo esto ya de por sí es una demostración de que hay responsabilidades y que lo decíamos sobre los circuitos de vinaza era cierto”. Acotó que también está acreditado, dentro de esas mismas actuaciones, tanto por las autoridades de Santiago como de Tucumán, la presencia y cantidad de vinaza en el circuito que parte desde el ingenio Florida y llega hasta El Palomar.
“Tengo confianza de que tarde o temprano los responsables paguen y lo hagan en la Justicia”, resaltó y consideró que “nuestro sistema judicial necesita una revisión muy grande, como lo tuvieron los sistemas político y electoral y el único que no tuvo revisión estructural es el Poder Judicial que a su vez legitimó todos los golpes de Estado desde 1930 en adelante”.
