El detenido Ricardo Jaime, ex secretario de Transportes durante las gestiones kirchneristas buscó justificar hoy ante la Justicia bonaerense los pagos de subsidios que en 2003 hizo a los concesionarios de trenes. Afirmó que de ello dependía “el pago de los salarios” y “la continuidad de los servicios”.
Esta causa investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas concesionarias de los servicios ferroviarios en el 2003 y la supuesta alteración de un informe que desaconsejaba esos pagos.
Fuentes judiciales confiaron que el ex funcionario, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza, entregó un escrito con esos y otros conceptos en la audiencia de declaración indagatoria que prestó esta mañana ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga supuestas irregularidades en los subsidios, aporta La Nación.
La investigación determinó que en 2003 un informe interno de la subsecretaría de Transporte Ferroviario le aconsejaba a Jaime la suspensión del pago de los subsidios hasta conseguir que los concesionarios cumplieran ciertos requisitos. Sin embargo, el ex secretario de Transporte aseguró hoy que nunca tuvo conocimiento de aquella sugerencia de un subordinado suyo y que, por el contrario, un informe de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario recomendaba "la continuidad de los subsidios".
De todos modos, Jaime admitió que el entonces subsecretario Julio Montaña le recomendaba que intimase a los concesionarios a "regularizar los incumplimientos contractuales" y aseguró que "esa sugerencia efectivamente ocurrió".
Jaime ya fue condenado tres veces a una pena unificada de seis años de cárcel por la tragedia de Once, por dádivas y por el intento de destrucción de pruebas en un allanamiento; espera juicio oral por enriquecimiento ilícito y está siendo investigado en una veintena de expedientes.
Hasta el pasado 4 de abril gozaba de libertad pero ese día se entregó a la Policía en Córdoba al enterarse que el juez federal Julián Ercolini había dispuesto su captura en la causa en que se investigan anomalías en la adquisición de 298 trenes a España y Portugal en 2005 por unos 1.500 millones de pesos, que eran usados y no servían o no podían adaptarse a la red ferroviaria local.
