Mariano Miranda, fiscal de Estado de Jujuy indicó que en la investigación por presunta asociación ilícita de Milagro Sala y fraude con fondos públicos, se revisa una “mecánica” en donde el Ministerio de Planificación Federal, conducido por Julio De Vido, otorgaba montos extraordinarios por obras terminadas.
Según publica La Nación, el modus operandi consistía supuestamente en que la cartera de De Vido otorgaba una “redeterminación de precios” por obras hasta un año después de finalizada la construcción.
A su vez, Miranda señaló que las organizaciones encargadas de responder a la activista “han tenido movimientos financieros de más de 30 millones de pesos” y consideró que es “poco probable que se haya hecho todo esto sin un aval o conocimiento de funcionarios del orden nacional”.
Al analizar los avances en la investigación donde participa en representación del Estado como parte querellante, el fiscal señaló: "Tenemos datos de precios de contratos que habían concluido la obra, fueron pagados y un año después el Ministerio de Planificacion [en la gestión de Julio De Vido] les otorgaba redeterminaciones de precios".
Al respecto, el fiscal jujeño explicó a radio La Red que la operatoria consistía en que "se acordó un precio, la obra se hizo, se ejecutó y luego de un año el estado le otorgaba, en algunos casos, hasta un 30 por ciento más de redeterminación". "Eso no es algo regular en una contratación directa", acotó.
Desvío de fondos
Respecto del desvío de fondos que se investiga en Jujuy en torno a Sala, dijo: "No sabemos cuál fue el destino que se les dio, si compraron inmuebles o vehículos. Si supiéramos cuáles fueron podríamos llegar a embargar y recuperar parte de los fondos".
En ese marco, recordó que a Sala se la investiga por un faltante de "29 millones de pesos que eran de anticipo financiero para la finalización de obras".
Miranda resaltó que "es difícil que toda esta mecánica se haya podido llevar adelante sin el conocimiento de autoridades provinciales y nacionales".
Había cooperativas sociales que "manejaban 780 millones de pesos", destacó al señalar que el retiro de grandes sumas de dinero de la caja de un banco "más que sospechoso no es ajustado a la ley o el derecho, sobre todo por ser una cooperativa que tienen como fin la acción social".
