Fiebre por supuestas pensiones de guerra

Desde hace más de tres años, ex conscriptos que estuvieron destinados en la Patagonia durante el conflicto por las islas Malvinas de 1982 mantienen un acampe en la Plaza de Mayo. Aunque no combatieron en las islas rechazan ser llamados “movilizados”, reclaman ser considerados veteranos y gozar de beneficios como la pensión de guerra.
Como su reclamo no es atendido como pretenden, llevaron las cosas más lejos: la semana pasada cortaron la avenida 9 de Julio, en pleno centro porteño. Fueron desalojados finalmente por la Infantería de la Policía, en lo que se convirtió en una batalla campal.
Estos soldados que estuvieron en el continente se llevan mal con las asociaciones de veteranos, que tampoco avalan su reclamo. Hace poco más de un año hubo una gresca importante entre agrupaciones de uno y otro lado frente al Congreso Nacional.
La cuestión no es nueva. Hace ya tiempo, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó que darles una pensión a los ex conscriptos movilizados sería “una estafa económica y moral”.
Estos alentaron expectativas porque en el Parlamento fueron presentados en los últimos años un puñado de proyectos tendientes a darles algún tipo de reconocimiento. Pero esas iniciativas nunca dejaron de dormir la siesta en un cajón de la comisión de Previsión de la Cámara de Diputados.
Es que no hay nada más allá de las movidas políticas individuales de algunos legisladores. Y en el Gobierno nacional la posición negativa es clara. Basta remitir a las palabras de Randazzo o al calificativo de “extorsión” de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, hacia quienes cortaron la 9 de Julio.
La fiebre por las supuestas pensiones de guerra tuvo su pico hace unos cuatro años, en lo que fue un fenómeno social que mereció mucha mayor atención. Pero transitó carriles tan subterráneos que no llegó a ser captada por los medios de comunicación.

Servicio militar
Pero durante meses, miles y miles de ex conscriptos hicieron largas colas de madrugada frente a las sedes en Buenos Aires del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para solicitar su certificado de que habían hecho el servicio militar obligatorio. Llegaban a eso porque había intensos rumores que iban de boca en boca, sobre supuestos inminente beneficios.

Promesas
Los rumores mencionaban resarcimientos para quienes habían hecho la conscripción a partir de 1974 y hasta bien entrada la dictadura, por el solo hecho de haberla sufrido en condición de soldados. Más expectativas alentaban los que participaron del Operativo Independencia contra la guerrilla en Tucumán y los movilizados por el conflicto con Chile por el Canal de Beagle.
El Ejército llegó a recibir casi 70 solicitudes de certificados, y en la Armada se tramitaron más de 12 mil. Se calcula que unos 180 mil jóvenes hicieron el servicio militar durante la dictadura.
En algunas provincias se conformaron asociaciones de ex conscriptos para buscar canalizar los distintos reclamos.

Sin asidero real
Pero más allá de los proyectos legislativos, las versiones sobre supuestas pensiones nunca tuvieron asidero real. Y vale reiterarlo porque cada tanto surgen informaciones sobre abogados y “gestores” que cobran a ex conscriptos por trámites y gestiones presentes y a futuro, que son inexistentes. Una forma de lucrar con las ilusiones de la gente.