Bajo el lema “lo ajeno no se toca”, el gobierno de Bolivia envió este jueves al Congreso un proyecto de ley que prevé procesos sumarios y penas más severas a los delincuentes, con un mínimo de 7 años de prisión, para evitar que sean liberados con facilidad.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que el año pasado fueron detenidas 2931 personas acusadas de robos, hurtos y abigeato, entre otros delitos. De ellas, según advirtió, a los dos o tres meses fueron liberadas 2400. O sea que ocho de cada 10 sospechosos recuperaron enseguida su libertad.
Pero eso no es todo. Esto “no significa que el resto (de los delincuentes) actualmente se encuentre en la cárcel, (sino que) se sometió a un procedimiento abreviado y obtuvo una sentencia de tan solo dos o tres años. Esos otros 500 malhechores también están en las calles en este momento”, alertó.
Qué dice el proyecto de ley denominado “lo ajeno no se toca”
La iniciativa propone castigar el robo en flagrancia con siete años de cárcel, sin derecho a indulto, y sentenciar a los acusados en procesos sumarios para disminuir la inseguridad ciudadana. Además, se agregarán otros dos años en caso de reincidencia.
El proyecto fue presentado en la casa de Gobierno en La Paz, en un acto al que asistieron el presidente Luis Arce, jefes policiales, funcionarios y sindicalistas afines al Ejecutivo.
Arce remarcó la necesidad de combatir el “robo menor” verificado mediante cámaras de seguridad ante el incremento de la criminalidad en las ciudades y zonas rurales y la impunidad en torno a estos delitos.
“De lo que se trata es que combatamos esa impunidad y encarcelemos a quienes no cuidan los bienes del pueblo boliviano y quieren apropiarse de lo ajeno. Por eso, decimos lo ajeno no se toca”, sostuvo.
Según afirmó, el proyecto permitirá “que estos delincuentes sean sancionados oportunamente y de manera ejemplar”.
La norma propuesta establece que policías y personas particulares podrán arrestar a quienes sean encontrados robando “en flagrancia”, o identificados mediante cámaras de seguridad. Además, la Fiscalía ya no tendrá que emitir una imputación, pues se les aplicará un “procedimiento sumarísimo penal” por el que habrá solo una audiencia en la que se dictará sentencia.
También se prevé crear una unidad de inteligencia “anti robos” para infiltrar agentes en mercados populares y lugares públicos con alta criminalidad.
